Pasado al mediodía, mucho antes de las 17, el horario formal de la convocatoria, el Gobierno ya había sacado conclusiones sobre la marcha universitaria de este miércoles: “Es la política subiéndose a un reclamo genuino y noble”, era el diagnóstico que hacían en la Casa Rosada, donde se apuraban a aclarar que después de la protesta “no va a haber una oferta superadora: el 6,8% de aumento es el máximo posible en este momento”.
La arenga a movilizar que había hecho Cristina Kirchner días atrás, la reaparición de Sergio Massa con un tuit instando a “proteger la universidad”, la adhesión de La Cámpora y de piqueteros como Juan Grabois, y el rol del radicalismo porteño, liderado por el senador nacional Martín Lousteau y el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, y el desembarco en la protesta del líder camionero Pablo Moyano diciendo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “debe estar tomando un (vino) tinto” y pidiéndole “que trate de que la movilización sea en paz” integraron el largo listado de argumentos que planteó la Casa Rosada para sostener la idea de que se trata de una marcha “motivada por políticos que quieren hacerle daño al presidente Javier Milei”.
El propio jefe de Estado se encargó de citar posteos en sus redes sociales que hablaban de una protesta “meramente política”.
En un despacho de un encumbrado funcionario celebraron especialmente la imagen de la nutrida columna de Camioneros caminando por Avenida Entre Ríos rumbo al Congreso. “Es muy burdo y evidente que es una marcha política, está todo el tren fantasma completo, como en la elección del año pasado: se está cumpliendo lo que habíamos dicho que todo esto es político”, aseguraba alguien que delineó la respuesta oficial que realizó el Ejecutivo para dar la batalla mediática. “La marcha la iban a hacer igual, aunque les diéramos un aumento que no se podía dar”, completó.
El punteo que dejó Caputo (Santiago)
Desde temprano, en el Gabinete circuló un punteo elaborado por el estratega Santiago Caputo. “No estamos en contra de la financiación de la universidad pública, estamos en contra de que el Congreso sancione una ley sin partida asignada. Es decir, sin explicar ni preocuparse por decir de dónde se saca el Estado el dinero que hoy no tiene”, indicaba el documento que fue herramienta discursiva para la tropa libertaria.
Entre los reproches a la oposición, en el Gobierno expusieron la necesidad de acordar una negociación “sensata”. “Si los dirigentes políticos convocantes quieren mejorar el financiamiento de las universidades, el lugar para discutirlo es el Congreso, durante el debate del presupuesto 2025”, remarcaron.
Ello con una aclaración: “Siempre que se mantenga el equilibro fiscal, el Gobierno no tiene inconveniente en discutir un aumento del financiamiento”.
En sintonía con la estrategia de visibilizar los intereses políticos que, entienden, motoriza el reclamo por los sueldos del personal, desde el entorno de Milei buscaron diferenciar que “el problema no es con los universitarios, ni con los docentes” sino “con los políticos irresponsables que aprueban cualquier cosa en el Congreso para quedar bien en televisión, como si el dinero cayera de los árboles”.
Con las consideraciones que hacían en las oficinas del Ejecutivo, se propusieron evitar que «ningún infame utilice las banderas de la educación pública que garantizó Julio Argentino Roca, para estropear el plan económico del Presidente».
“La casta política es enemiga del déficit cero, porque saben que el éxito del plan económico del Gobierno culmina con la desaparición de la política de los gerentes de la pobreza y los políticos vividores que quebraron la economía argentina”, completa el punteo que hizo circular la Casa Rosada.