El 31 de octubre será una fecha clave para la primera privatización de la era Milei. Un aviso oficial del Ministerio de Economía puso límite al tiempo para recibir ofertas por las acciones que el Estado nacional y la provincia de Mendoza tienen sobre Impsa, la icónica empresa de la familia Pescarmona.
Según el Boletín Oficial, hasta las 16:00 de ese mismo 31 de octubre los interesados podrán presentar ofertas. Una hora más tarde el Gobierno procederá a la apertura de sobres para conocer las propuestas y, luego del análisis técnico y financiero escoger una para desprenderse de las acciones en cuestión.
En el proceso está en juego el 84,9% del capital social de Impsa. Una porción grande de esas acciones pertenece al Fondep, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo creado en 2014, que actualmente opera bajo la órbita de la Secretaría de Coordinación de Producción, a cargo de Juan Pazo. Este organismo obtuvo estos títulos sobre la empresa fundada por los Pescarmona durante la gestión del exministro de Producción, Matías Kulfas.
La porción restante de acciones tiene como propietaria a Mendoza, que posee el 21,2%. En dicha provincia se ubica la planta de Impsa, un lugar que ha sido visitado por los interesados en esta licitación pública nacional e internacional.
Hasta el momento, el interesado más firme en capitalizar a Impsa es la firma norteamericana Arc Energy. Sus representantes aseguraron que la oferta buscará adquirir la totalidad de la compañía por una cifra cercana a los US$30 millones, y que contemplan un “crédito puente” durante el proceso de mejoramiento de oferta en el que cualquier interesada puede competirle. También indicaron que estudian presentar un proyecto de inversión comprendido en el RIGI.
Sobre ese “crédito puente”, fuentes de Arc Energy explicaron que se trata de una “inyección generosa de dinero” para que Impsa pueda hacer frente a sus compromisos mientras se prolongue el período de mejoramiento de oferta. En cuanto a la cifra, estimaron que “la idea inicial ronda los US$5 millones”.
Arc Energy fue el primer interesado en firmar una carta de intención para adquirir Impsa, un paso que implica dos cosas. Al hacerlo, tuvo acceso al data room, que es una especie de “caja negra de la empresa”, donde se encuentra toda la información de la compañía. No obstante, la firma de la carta de intención significa que su oferta puede tener competencia ya que, según indicaron fuentes oficiales, el Gobierno firmó otras cartas otras tres interesadas.
En la última asamblea de Impsa se aprobó la reestructuración societaria de la compañía y “por unanimidad” se le otorgaron las funciones técnico ejecutivas a Luciano Rodolfo Masnú Lardet. Será uno de los hombres más importantes en esta primera privatización de la era Milei ya que tendrá la función de “realizar y ejecutar el proceso de venta en marcha, y requerir al mismo que mantenga informados a los accionistas de las etapas y evolución del mencionado proceso”, según se informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Según indicaron en el Ministerio de Economía, “para el Estado esta empresa es un pasivo constante”. Eso motivó el inicio del proceso encarado desde “principios del año” entre el Gobierno y Mendoza para desprenderse de las acciones. Según cifras que maneja la administración de Milei, Impsa genera una pérdida mensual de US$5 millones y posee una deuda con bonistas internacionales equivalente a US$500 millones.
Según fuentes oficiales, el Estado nacional y la provincia de Mendoza vienen inyectando cuantiosos recursos en la empresa. La historia comenzó el 25 de junio de 2020, cuando el CEO de Impsa le envió una carta al entonces ministro Kulfas para solicitarle ayuda para “garantizar la continuidad de proyectos nacionales de importancia estratégica para la Argentina”.
En diciembre de ese año, el Ministerio de Desarrollo Productivo confirmaba que la empresa había ingresado en el Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos (Paeerp) y que, por lo tanto, el Estado iba a pagar durante cuatro meses el 75% de los salarios de los trabajadores.
Unos días antes, Impsa había informado a la CNV que había logrado reestructurar su deuda de US$560 millones, lo cual implicó postergar el pago de intereses de sus obligaciones para 2025 y el del capital, a partir de 2028, con vencimientos anuales sucesivos durante nueve años, hasta 2036.
La deuda millonaria tuvo su origen en 2014, producto principalmente de “malos negocios” con Venezuela, cuando se tuvo que hacer un plan para restablecer operaciones, con un pasivo superior a los US$1000 millones, que finalmente se redujo a menos de la mitad. En abril de 2018, el empresario Enrique Pescarmona, de 78 años, tuvo que dar un paso al costado.
