La marcha universitaria de este miércoles sigue cosechando adhesiones de diferentes sectores de la sociedad civil y de la oposición al Gobierno que, por el contrario, endurece su discurso y potencia lo que será un veto inminente de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario que sancionó el Congreso a mediados de mes.
A la convocatoria de este 2 de octubre se espera que asistan, además de docentes y alumnos de las universidades públicas de todo el país, sindicatos como la CGT y otras organizaciones, así como que adhieran también los representantes de la oposición al Gobierno.
En la previa, generó mucho rechazo en el sector las declaraciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, que acusó a las universidades de «inventar alumnos» para potenciar sus plantillas y recibir así una mayor dotación presupuestaria.
«No existen estudiantes inventados. La verdad que se hace un poco difícil opinar sobre conceptos que al menos tienen confusión, imprecisión, error. Yo creo que a diez meses de gestión del secretario de Educación ya es grave el desconocimiento que tienen sobre el sistema universitario público de educación superior», sostuvo Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en una entrevista con Radio Mitre.
Al respecto, Moriñigo explicó que no se pueden inventar alumnos porque «las universidades reciben su presupuesto por una inercia histórica de hace 40 años, en donde la cantidad de alumnos no manda a la hora de la situación económico-financiera por parte del Estado”.
Y se explayó sobre el tema al plantear que «lo que dice el gobierno es que, analizando la base de datos, surge que hay un 38% de alumnos que no registran actividad alguna con la universidad”. Sobre ello, analizó las posibles consecuencias: «Los chicos por cuestiones de vocación ingresan, rinden mal, no les va bien, tienen problemas con la secundaria; son un montón de problemas que seguramente tenemos que mejorar”.
En paralelo, hubo otro cruce por el tema, en este caso entre el Gobierno y el vicerrector de la UBA e influyente ex diputado del radicalismo, Emiliano Yacobitti. “Hoy, más del 60% de los trabajadores universitarios en todas las categorías están por debajo de la línea de pobreza. Un profesor adjunto con dedicación exclusiva, ocho horas por día todos los días de la semana, está cobrando 840.000 pesos en mano” había dicho Yacobitti durante el fin de semana.
Esa afirmación la salieron a atacar desde el oficialismo. “Es falso y una vergüenza. Los docentes tiempo completo cobran cerca de 2 millones de pesos por mes. Los no docentes con antigüedad andan cerca de 1 millón. Todos muy arriba de una Canasta Básica Total de 300 mil pesos (adulto equivalente). Pobreza cero. Los que cobran menos son los docentes tiempo parcial, algunos no docentes y $0 los ad honorem (escándalo). Muestren los dato”, escribió José Luis Espert en su cuenta de X. Milei retuiteó ese posteo y agregó: «Desenmascarando mentirosos».
El Gobierno buscó desactivar la manifestación y evitar la réplica que tuvo la de abril pasado. Para ello puso a negociar a Alejandro «galleguito» Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias de la secretaría de Educación, que propuso a los universitarios darles un aumento salarial del 5,8% a partir de octubre y luego negociar incrementos mensuales alineados al IPC. Pero los sindicatos, que denuncian pérdidas salariales de 50 puntos nominales en la era Milei, rechazaron la oferta.
Pero no terminó habiendo espacio para frenar una convocatoria que ya llevaba semanas y a la que había adherido centrales sindicales como la CGT y especialmente por la unidad de las diferentes líneas de las Conadu de las CTA de Hugo Yasky y de Hugo Godoy.
