La tercera es la vencida, suelen repetir las personas que tras dos intentos no logran su cometido. Algo así le ocurrió al presidente Javier Milei con Aerolíneas Argentinas. Después de un primer rechazo de la denominada ley ómnibus durante el verano y, en segunda instancia, la exclusión de esta empresa pública del listado de privatizables en la Ley Bases aprobada en julio, el Gobierno anunció que cantará “retruco” y firmará un decreto para declararla “sujeta a privatización”.
“El Poder Ejecutivo Nacional tomó la decisión de privatizar Aerolíneas Argentinas”, explicó la Oficina del Presidente en un comunicado oficial. Por lo tanto, la gran pregunta aquí es qué mecanismo legal utilizará para conseguir su cometido. En ese sentido, las cabezas del oficialismo encontraron en la ley de Reforma del Estado aprobada en agosto de 1989 un fundamento.
De hecho, el primer borrador de la denominada ley ómnibus incluía a 41 empresas públicas en el listado de “sujetas a privatización”. Luego, la versión que finalmente fue aprobada se quedó con 8 compañías estatales, de las cuales cuatro pueden ser vendidas y otras cuatro dadas a concesión. Entre estas últimas, el filtro de la negociación en el Congreso quitó a Aerolíneas Argentinas de esa nómina, pero no así del radar del Gobierno.
“Se dictará un decreto en el que se declarará sujeta a privatización a la empresa (Aerolíneas Argentinas), tal como habilita el artículo 9° de la Ley N° 23.696 –Ley de Reforma del Estado”, indicó el comunicado oficial de Presidencia.
De este modo, el caso expone una arista particular. La herramienta legal que ahora exhibe el Gobierno también evidencia que en ningún momento la Ley Bases fue determinante para la posible privatización de empresas, ya que el mismo efecto de declarar a una compañía “sujeta a privatización” se puede alcanzar a través de otra vía: un decreto -que pase por el Congreso – y no una ley. Pese a la ruta rápida que le presenta al Ejecutivo este artilugio jurídico, todavía deberá pasar por el poder legislativo cualquier cambio societario de Aerolíneas Argentinas, tal cual estipula la ley de Reforma del Estado aprobada en el inicio del menemismo.
En ese sentido, el artículo 8 de la citada ley estableció que “para proceder a la privatización total o parcial o a la liquidación de empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional (…), es requisito previo que hayan sido declaradas ‘sujeta a privatización’”. Además, el artículo 10 habilita al Poder Ejecutivo a utilizar un decreto para declarar a una compañía “sujeta a privatización”.
Pero eso sólo funciona como un primer paso porque el artículo 9 del fundamento invocado por el Gobierno para avanzar en la privatización de Aerolíneas también indica que “la declaración de “sujeta a privatización” será hecha por el Poder Ejecutivo Nacional, debiendo, en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso”.
Por lo tanto, y pese a que durante esta semana había comenzado el trabajo legislativo para reflotar un proyecto de ley presentado por el diputado del PRO Hernán Lombardi, el Gobierno volvió a tomar la iniciativa y buscará su revancha o tercer intento para que el marco legal acompañe a las conversaciones que asegura tener con el sector privado interesado en Aerolíneas Argentinas.
