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Diario Plural San Juan > Opinión > Testigos que no testifican – LA NACION
Opinión

Testigos que no testifican – LA NACION

Última actualización: 22 de noviembre de 2026 5:57 am
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La provincia de Mendoza aportó hace ya un tiempo una novedad a la ya extensa colección argentina de extravagancias administrativas. Su Registro Civil autorizó que cinco perros participaran como “testigos de honor no humanos” en un matrimonio, dejando las huellas de sus patas en una hoja especialmente habilitada para la ocasión.

Conviene aclarar que los animales no fueron admitidos como testigos en sentido jurídico. El acta matrimonial debía ser suscripta por los testigos humanos exigidos por el Código Civil y Comercial. Los perros solo recibieron una distinción simbólica, otorgada mediante una resolución administrativa.

La aclaración es importante, pero no disipa el desconcierto.

¿Para qué sirve un testigo? Para dar fe de un hecho que ha presenciado, reconocerlo y, llegado el caso, responder por la veracidad de su declaración. Su intervención tiene una finalidad jurídica, no decorativa.

Un perro puede ser fiel, inteligente, cariñoso y extraordinariamente perceptivo. Puede reconocer a su dueño entre centenares de personas y advertir peligros que pasarían inadvertidos para un ser humano. Pero no puede declarar, comprender las consecuencias jurídicas de un matrimonio ni responder por un testimonio falso.

Por eso no puede ser testigo. Ni siquiera “de honor”, expresión que parece destinada a conferir cierta respetabilidad a una función que, en este caso, carece de contenido.

Nada impide que dos personas deseen celebrar su matrimonio acompañadas por sus animales. Tampoco hay razón para cuestionar el afecto que sienten por ellos. Cada uno es libre de atribuir a sus mascotas el lugar que prefiera en su vida privada.

Pero ¿por qué debe intervenir el Estado para conferir reconocimiento administrativo a ese afecto?

La solicitud presentada en Mendoza requirió la intervención del Registro Civil, su asesoramiento jurídico y una resolución de su director. Todo ello para autorizar que cinco perros dejaran sus huellas en una hoja sin valor jurídico.

Se ha dicho que la medida no ocasionó gastos al Estado. Es posible que no haya requerido una partida presupuestaria especial. Pero los funcionarios cobran sueldos, las oficinas tienen costos y el tiempo dedicado a resolver estas cuestiones es tiempo que no se destina a otras tareas.

La administración pública no existe para satisfacer todos los deseos simbólicos de los particulares.

Hay, además, una pregunta que la resolución deja sin respuesta: ¿dónde termina la lista zoológica?

Si un perro puede ser “testigo de honor”, ¿por qué no un gato? ¿Y un periquito que ha acompañado a su dueño durante veinte años? ¿O el caballo manso que nos paseó cuando éramos pequeños y al que recordamos con especial ternura?

¿Deberá el Registro Civil examinar en cada caso la intensidad del vínculo afectivo entre el solicitante y el animal propuesto? ¿Habrá que acreditar años de convivencia, lealtad, obediencia o capacidad para expresar cariño?

¿Y qué ocurrirá si alguien solicita la participación de una tortuga centenaria, cuya fidelidad quizá sea menos demostrativa, pero cuya longevidad podría convertirla en testigo privilegiado de varias generaciones familiares?

El absurdo no está en querer a los animales. Está en pretender que el Estado transforme ese cariño en una categoría administrativa.

La distinción entre la vida privada y la función pública no es un capricho burocrático. Es una garantía de que los organismos estatales dediquen sus recursos a las finalidades para las que fueron creados.

Un Registro Civil debe asegurar la identidad de las personas, documentar los hechos y actos que la ley le encomienda, y preservar la seguridad jurídica de sus registros. No necesita convertirse en una oficina de certificación de sentimientos.

Lo más llamativo es que la propia autoridad mendocina reconoció que los animales no podían desempeñar la función solicitada. En lugar de limitarse a explicar esa imposibilidad, decidió inventar una categoría simbólica para satisfacer el pedido.

Es una pequeña muestra de una tendencia más amplia: la dificultad creciente para decir que no, aun cuando la respuesta negativa sea perfectamente razonable.

No todo deseo merece una resolución. No toda emoción necesita reconocimiento oficial. Y no toda ocurrencia privada debe convertirse en una innovación administrativa.

Quizá haya llegado el momento de recordar que la sensatez también es una virtud pública. Y que, para ejercerla, no hace falta convocar a ningún testigo de cuatro patas.



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