Según Oliver, esa acción cruzó una línea, uno de los padres, que trabaja en la misma universidad, fue señalado por ADICUS públicamente y ahora iniciará un reclamo judicial. Un escrache no es un reclamo, es una intimidación.
Los padres aseguran que el rector no los recibe. También afirman que apoya el paro a favor de los gremios y que no descontó los días no trabajados durante estos dos meses, en los que los chicos no tuvieron clases pero los docentes igual cobraron sus sueldos. Oliver sostiene que esta situación no habría ocurrido con un gobierno peronista y considera que detrás del conflicto hay una maniobra política partidaria.
Reclamar por salarios es un derecho legítimo. Señalar públicamente en redes a familias que reclaman por la educación de sus hijos no lo es. Cuando un gremio expone a padres con nombre y apellido, deja de defender a los docentes y empieza a presionar a quienes se animan a cuestionarlo.
Los padres no son adversarios del gremio ni de la universidad. Son familias que mandan a sus hijos a escuelas públicas y que, después de meses de paros, pidieron algo básico: que los chicos tengan clases. Para eso recurrieron a la Justicia, que es el camino que corresponde en una sociedad democrática. Responder a un reclamo judicial con exposición en redes es el método de quien no quiere debatir, sino disciplinar.
El caso del padre que trabaja en la universidad lo muestra con claridad. Se lo cuestionó públicamente por firmar, como padre, un reclamo por sus propios hijos. Ahora anuncia acciones judiciales, y es comprensible. Nadie debería sentir que defender la educación de su familia le puede costar su reputación o su trabajo.
Los chicos son el eslabón más débil de este conflicto. No votan, no negocian y no tienen gremio. Pierden clases, contenidos y rutina, mientras los adultos discuten. Muchos padres sostienen que algunos cursos tuvieron más del 70% de días sin clases, según la adhesión de sus docentes. Un escrache no recupera ni un solo día de clase.

