Salarios docentes y no docentes por el suelo a causa del golpe inflacionario, baja de la calidad educativa, éxodo de docentes, más medidas de fuerza y conflictividad. Estas son y serán algunas de las consecuencias del veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario que fue votada por amplia mayoría en el Congreso, advierten desde el ámbito universitario.
Pese a las insinuaciones del Gobierno de que prepara una propuesta para atenuar el conflicto, la marcha universitaria del próximo 2 de octubre sigue en pie. Se gesta a todo vapor y buscará emular la impactante movilización del 23 de abril pasado. La cuestión es que, dada la posición irreversible del Gobierno, ya no parece apuntar a convencer a Javier Milei de la inconveniencia del veto a una norma que le permite recuperar oxígeno al sistema universitario, sino a generar las condiciones y las mayorías necesarias en el Congreso para ratificar la ley, una vez aplicada la medida presidencial.
«La marcha federal es para que (el Presidente) no vete, y si así lo hiciera para que Diputados deseche ese veto y ratifique la ley por dos tercios”, dijo Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a Radio Universidad de Rosario.
En el mismo sentido, la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Esther Sánchez, instó al Presidente a que no vete la ley, pero además dijo que la marcha al Congreso y a cada uno de los lugares del país donde funcionan las universidades “es un llamado a los legisladores nacionales para que nos acompañen en caso que se decida el veto a la ley de financiamiento universitario”.
Las declaraciones fueron hechas luego de la reunión del CIN de este martes, tras la cual los rectores emitieron un duro comunicado para denunciar que la situación es hoy “más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial”, y la incertidumbre frente al seguro veto de una ley que consideraron “razonable” ya que “evita comprometer fiscalmente al Estado”.
También aseguraron que “no ha habido, ni siquiera, vocación de diálogo» por parte del Gobierno. El ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello salió al cruce este miércoles con un comunicado justamente titulado “Hay diálogo y compromiso con las universidades”. «Las medidas de fuerza y movilizaciones no alimentan ese intercambio», afirmó la cartera.
Emiliano Yacobitti, diputado nacional de la UCR y vicerrector de la UBA le aseguró a Clarín que “no hay negociaciones” y a su entender el Gobierno “trata de bajar el volumen de la movilización” del 2 de octubre diciendo que harán ofertas tales como igualar con el resto de los estatales -ya que quedaron debajo- los aumentos al sector universitario. “Lo habían propuesto antes y nunca lo hicieron”, señaló y agregó: “Si quieren que no haya marcha tienen que decir que no habrá veto”. Yacobitti también afirma que Milei ya decidió y que la marcha del 2O “es un mensaje para el Congreso” buscando ratificar la ley.
Además de recursos para funcionamiento (un rubro relevante pero muy menor respecto de la masa de fondos), la ley implica una recomposición de los salarios docentes y no docentes, que insumen alrededor del 85% del presupuesto para las Universidades.
¿Qué consecuencias tendrá el veto? La diputada de la UCR Danya Tavela, autora del proyecto que terminó convirtiéndose en ley, explicó a este diario que “el veto significa que no vamos a tener actualización por IPC (inflación) de los salarios docentes y no docentes. Vamos a perder más de un 50% respecto de la inflación y a perder respecto de los trabajadores estatales que han recibido un mayor incremento”.
“Hoy hay dos a tres categorías de no docentes con ingresos por debajo de la pobreza, y el 85% de los docentes están por debajo de la canasta porque tienen menos dedicación”, agregó Tavela, que fue vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste, y secretaria de Políticas Universitarias de 2017 a 2018, durante el gobierno de Cambiemos.
La diputada advierte que habrá “migración de docentes y no docentes” y una profundización de la conflictividad gremial con pérdida de calidad y de instancias de formación y evaluación.
El Presupuesto, otra pelea que viene
El proyecto de Presupuesto que presentó el Presidente en el Congreso días atrás, con un acto en pleno recinto el domingo 15 a la noche, propone una asignación para las Universidades Nacionales en torno a los $3,8 billones. Los rectores consideran que es insuficiente, y habían solicitado al Ejecutivo casi el doble, $7,19 billones.
«El Presupuesto 2025 traslada así la actual situación crítica de este año al próximo», señaló Yacobitti a este diario.
Como advirtió Clarín, el rubro educativo trajo otros sinsabores en lo que proyecta el Ejecutivo para los ingresos y gastos del próximo año.
De aprobarse tal como está, se suspenderá por un año la obligación que tiene el Estado (Nación más provincias) de invertir en educación el 6% del PBI. Imposición que surge de la Ley de Educación Nacional vigente, votada en 2006 por unanimidad por todas las fuerzas políticas.
También se suspende la obligación de invertir 0,45% del PBI en ciencia y tecnología y 0,2% del PBI en educación técnico profesional. En rigor, tales obligaciones presupuestarias nunca se cumplieron en años precedentes, con excepción de 2015 en que el Estado llegó a invertir 6% del PBI en educación.