El Estatuto del Periodista Profesional perderá vigencia en febrero de 2027 como consecuencia de la ley de Modernización Laboral, sancionada en febrero de este año. Aunque se presentaron distintos proyectos para impedir su derogación, ninguno consiguió avanzar en las comisiones del Congreso encargadas de su tratamiento.
La eliminación de la ley 12.908, vigente desde 1946, fue aprobada junto con la derogación de otros regímenes especiales, como los de viajantes de comercio, peluqueros y choferes particulares. En Diputados, el capítulo obtuvo 126 votos a favor, 119 en contra y cuatro abstenciones. En el Senado fue respaldado por 38 legisladores, mientras que 31 votaron en contra. El oficialismo consiguió avanzar con el apoyo de sus aliados de Pro, la UCR y los bloques provinciales.
La derogación supone la eliminación de disposiciones específicas para los trabajadores de prensa, entre ellas la jornada de 36 horas semanales, el régimen indemnizatorio agravado por despido y las categorías profesionales. La actividad quedará comprendida en el régimen laboral general, sin perjuicio de los derechos que puedan mantenerse por convenios colectivos.
El oficialismo sostiene que el estatuto quedó desactualizado frente a las transformaciones tecnológicas y laborales del sector y que su eliminación permitirá flexibilizar las condiciones de contratación. Los sindicatos de prensa, por su parte, consideran que la medida reducirá las protecciones laborales y podría afectar la independencia profesional.
En Diputados, Sebastián Galmarini y Sergio Palazzo, de Unión por la Patria, presentaron iniciativas para revertir la derogación. Los expedientes fueron girados a las comisiones de Legislación del Trabajo y Libertad de Expresión, presididas por los libertarios Lisandro Almirón y Guillermo Montenegro, respectivamente. Ninguna registró actividad durante este año.
En el Senado, Jorge Capitanich y otros legisladores de la oposición propusieron prorrogar por un año la vigencia del estatuto. El proyecto fue girado a Trabajo y Previsión Social, presidida por Carmen Álvarez Rivero, y a Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, encabezada por Carolina Moisés. Esta última abordó el tema, pero no pudo avanzar con el dictamen al no ser la comisión cabecera.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también se opuso a la derogación. En una nota enviada al Senado, reconoció que el estatuto necesita actualizarse, pero advirtió que su eliminación podría afectar las condiciones laborales de los periodistas y su independencia. Por eso, propuso reformarlo en lugar de derogarlo.
A fines de octubre, Álvarez Rivero generó una controversia en redes sociales al señalar que la precarización del periodismo existe desde hace décadas, y reivindicó el principio de igualdad ante la ley. Sus declaraciones motivaron reclamos para que convocara a la comisión que preside.
En paralelo, las organizaciones gremiales impulsan una actualización del estatuto que incorpore cuestiones vinculadas con el teletrabajo y la inteligencia artificial, además de evaluar presentaciones judiciales contra su derogación.
Hasta el momento, ninguno de los proyectos obtuvo dictamen y su tratamiento continúa pendiente.
