El régimen de Irán declaró a la Armada y la Fuerza Aérea de la Argentina como organizaciones terroristas, pero el Gobierno argentino rechazó la medida al considerarla una “acusación inadmisible”. También recordó que la Justicia atribuyó responsabilidad a Irán en el atentado contra la AMIA de 1994 y que ese país no cooperó para enjuiciar a los culpables.
La declaración de Teherán fue en respuesta a una declaración similar como “organización terrorista” que había dispuesto el Gobierno argentino para con la Guardia Revolucionaria iraní.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo que la medida se tomaba en el marco del “principio de reciprocidad”. Se trata de una réplica que los especialistas consideran enmarcada en la llamada “guerra híbrida”.
La decisión llegó luego de que el presidente Javier Milei, en plena guerra en Medio Oriente, declarara a la Guardia Revolucionaria Iraní, ejército ideológico de la República Islámica, como “organización terrorista”, lo que permite aplicar “sanciones financieras y restricciones operativas” contra ese cuerpo militar.
“Es parte de la guerra híbrida, la manera como hoy se desarrollan los conflictos bélicos”, dijo una fuente judicial a LA NACION al explicar la reacción iraní.
Este miércoles el Gobierno rechazó mediante un comunicado la decisión de Irán de declarar a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas organizaciones terroristas; sostuvo que la medida “carece de todo fundamento” y afirmó que se trata de una “acusación inadmisible”.
“Esta medida carece de todo fundamento y constituye una acusación inadmisible contra instituciones legítimamente constituidas, subordinadas a la Constitución Nacional y dedicadas a la defensa de la soberanía nacional, que desarrollan sus funciones con estricto respeto a las leyes nacionales, al derecho internacional, a los tratados y acuerdos internacionales y a la soberanía de los Estados”, expresó la Cancillería.
A su vez, recordó que la Justicia argentina le atribuyó responsabilidad a Irán por los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994 y afirmó que el régimen continúa “sin cooperar” con la Justicia local.
“No cumple las órdenes internacionales de detención vigentes y ha designado en cargos de alta responsabilidad a personas requeridas por nuestros tribunales. Tres décadas después, los acusados no han comparecido ante la justicia argentina”, aseveró la Cancillería sobre Irán.
Además, el Gobierno le exigió a ese país que “coopere plenamente” y ponga a disposición de los tribunales argentinos a los acusados.
“El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la memoria de las víctimas y con la búsqueda de justicia, expresa su solidaridad con las víctimas, sus familiares y la comunidad judía argentina, y ratifica su rechazo a toda forma de terrorismo”, dijo la Cancillería.
En ese marco, y ante el principio de reciprocidad, Irán declaró terrorista a las fuerzas argentinas en virtud de una ley sancionada en 2019. “El Gobierno argentino asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta acción”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní en un comunicado.
La causa por el atentado contra la AMIA, que el 18 de julio de 1994 dejó 85 muertos en Pasteur 633, está más cerca que nunca de llegar a un juicio oral, aunque sin ningún acusado sentado en el banquillo. Es posible por la Ley 27.784, del juicio en ausencia, impulsada por el Gobierno y un sector de la comunidad judía, así lo permite.
El fiscal federal Sebastián Basso, titular de la UFI AMIA, pidió ese juicio en ausencia y lo aprobó el juez Daniel Rafecas.
El camino para el juicio quedó despejado en septiembre pasado cuando la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Angela Ledesma, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, dejó firme la legitimidad y la constitucionalidad del juicio en ausencia. Así rechazó el planteo de la defensa oficial.
El 21 de septiembre pasado, Rafecas procesó a ocho acusados por el atentado. Como autores mediatos, por los cargos que ocupaban en el Estado iraní, procesó a Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia; Alí Akbar Velayati, excanciller; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria, y Ahmad Vahidi, entonces jefe de la Fuerza Al Quds.
Como partícipe necesario procesó a Hadi Soleimanpour, exembajador iraní en el país. Los otros tres son Mohsen Rabbani, exconsejero cultural de la embajada; Ahmad Reza Asghari y el libanés Salman Raouf Salman (alias Samuel El Reda), identificado como miembro de Hezbollah.
A cada uno los embargó en 500 millones de dólares. El juez no se pronunció sobre Alí Jamenei, Imad Mughniyeh ni Ali Hussein Abdallah porque murieron.
La próxima audiencia del caso tendrá lugar el 24 de noviembre, cuando la Sala I de la Cámara Federal, con los camaristas Mariano Llorens y Pablo Yadarola, escuche al fiscal y a los defensores para luego decidir si confirma o no los procesamientos.
La defensa oficial, a cargo de Hernán Silva, apeló los procesamientos. La fiscalía y la querella de familiares apelaron la falta de mérito de Abdallah Salman y Hussein Mouzannar.
A ambos se los acusa de colaborar con el Hezbollah en la Triple Frontera. Si la Cámara confirma los procesamientos, los ocho acusados podrán ser enviados a juicio oral en ausencia.
Aun así, por los plazos del proceso, lo más probable es que el caso llegue a un tribunal oral en 2027 y que el juicio empiece en 2027 o 2028. Una de las primeras funcionarias en criticar la decisión de Irán fue la exministra de Seguridad y actual jefa de bloque en el Senado Patricia Bullrich.
Y se le sumó Luis Petri, exministro de Defensa y actual diputado. Señaló que la Argentina no se iba a dejar amedrentar y menos aún “si las amenazas y las calificaciones son de un Estado Terrorista que perpetró atentados en la AMIA y en la Embajada de Israel en Argentina”.
“Vamos a seguir luchando para obtener justicia y vamos a seguir condenando a Irán y a sus proxy terroristas. Frente al terrorismo, no se puede ser neutral, porque la neutralidad es complicidad”, dijo. Y agregó: “Nuestras fuerzas armadas son fuerzas democráticas y de paz y la declaración de Irán no hace más que confirmar que con Milei estamos del lado de quienes defienden los valores de la vida y la libertad”.
La diputada Sabrina Ajmechet también respondió a Irán. Dijo en X: “SIEMPRE del lado de la democracia y de Occidente”. Desde el Senado, la oficialista María Emilia Orozco afirmó: “Siempre del lado de nuestras fuerzas armadas”.
Desde la oposición, la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, culpó a “nuestro irresponsable y estúpido alineamiento geopolítico” de poner en riesgo a todos los argentinos. También lamentó que la visita del Papa opacara la gravedad del tema.
Milei se alineó con Estados Unidos e Israel, a los que considera sus principales aliados, y respaldó el ataque conjunto de estos dos países contra Irán a finales de febrero, el cual desencadenó la guerra en Medio Oriente.
La incorporación de la Guardia Revolucionaria al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) permite, entre otras cosas, que se disponga el congelamiento administrativo inmediato de bienes, dinero y activos de la entidad, lo que incluye cuentas bancarias, inversiones y cualquier otro recurso económico que esté bajo su control.
Esto significa que la organización pierde la disponibilidad sobre sus fondos en la Argentina. También prohíbe la posibilidad de operar en el sistema financiero nacional. Toda actividad que esté vinculada a la Guardia Revolucionaria debe ser reportada a la Unidad de Información Financiera (UIF), por lo que se establece un sistema de seguimiento y control.
En abril, el gobierno argentino expulsó del país al máximo representante diplomático de Irán en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani. Incluso antes de la guerra, Buenos Aires designó en enero como “organización terrorista” a la Fuerza Quds, un brazo de los Guardianes de la Revolución.
Irán ya había aplicado el principio de reciprocidad a otros países. A principios de noviembre, Teherán designó al MI6, el servicio de inteligencia exterior del Reino Unido, como grupo hostil, y a la Armada Real y la Fuerza Aérea Real del país como organizaciones terroristas.
