«La Feliz» se llenó de tirria. Así lo demuestran las acusaciones cruzadas por la prevista apertura de un bar en las inmediaciones del Faro de la Memoria marplatense, y que este miércoles subieron el tono, con las declaraciones del intendente Guillermo Montenegro, luego de que organismos de derechos humanos de militancia K denunciaran a los 15 concejales que aprobaron el proyecto que habilitó la instalación del local con destilería de gin. «Basta de usar a los derechos humanos para sus propios intereses. El kirchnerismo perdió hace rato. ¡Acéptenlo!», se quejó el jefe comunal.
Ya pasaron casi dos meses desde que el Concejo Deliberante de Mar del Plata aprobara, con mayoría de quince votos positivos, un permiso de concesión para la instalación de un bar de gin en un predio lindero al del Faro de la Memoria, al sur de la ciudad balnearia, en un corredor conocido como Reserva Paseo Costanero Sur, pero la polémica no cesa.
Pese a que la norma tuvo su tratamiento normal, un grupo de organizaciones y organismos disconformes con la decisión denunciaron a los quince concejales que dieron su voto para la apertura del bar de gin de la firma Restinga, conocido emprendimiento local. Y el intendente salió al cruce.
Las organizaciones Surf Rider, Patagonia, Familiares de Detenidos Desaparecidos, H.I.J.O.S. y la Asociación de Ex Presos Políticos, bajo la representación del polémico abogado César Sivo, quieren impugnar judicialmente la decisión de los legisladores comunales y adelantaron que los denunció por la cesión del predio que, consideran, representa un «acto administrativo que tiene vicios de toda especie», por lo que se trataría de «un acto administrativo inválido». La ordenanza municipal, según el juicio del letrado y de los organismos, debe ser anulada.
La impulsada por Sivo es una denuncia penal contra los concejales Agustín Neme, Cristian Beneito, Julián Bussetti, Mercedes Morro, Florencia Ranellucci y Guillermo Volponi, del PRO; Marina Sánchez Herrero, Marianela Romero, Daniel Núñez, Gustavo Pujato y Ricardo Liceaga Viñas, de la UCR; Angélica González y Guido García, de la Coalición Cívica, y Cecilia Martínez y Emiliano Recalt, de La Libertad Avanza. Pero la denuncia también comprende a las autoridades de la sociedad de fomento Faro Norte (autorizada regentar y tercerizar el predio en cuestión) y a la empresa de gin La Restinga.
El 8 de agosto, día en que se trató en el Concejo Deliberante el proyecto en cuestión, el ambiente fue más que tenso. Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador fueron los tres bloques que votaron en contra. Desde el primero de esos espacios sostienen que ese predio lindero al Faro de la Memoria era propiedad de Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), en el que habría funcionado un centro clandestino de detención.
Pero el miércoles al mediodía, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, fustigó la denuncia de Sivo y los organismos de derechos humanos: «Las organizaciones de derechos humanos denunciaron a los 15 concejales que votaron a favor de abrir la ciudad, de las inversiones privadas y en contra del estancamiento», expresó desde su cuenta de X, y acompañó con una foto de los representantes de los organismos denunciantes.
Las organizaciones de derechos humanos denunciaron a los 15 concejales que votaron a favor de abrir la ciudad, de las inversiones privadas y en contra del estancamiento. Desde cuándo el ámbito legislativo, representante de la población por elecciones democráticas, da una… pic.twitter.com/cSrToLEJpj
— Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) September 25, 2024
«¿Desde cuándo el ámbito legislativo, representante de la población por elecciones democráticas, da una discusión y como no les gusta el resultado a unos pocos eligen denunciar?», continuó Montenegro, y luego culminó, tajante: «Basta de usar a los derechos humanos para sus propios intereses. El kirchnerismo perdió hace rato. ¡Acéptenlo!».
El proyecto aprobado por los concejales marplatenses prevé que en el predio lindero al Faro de la Memoria se establezca un local gastronómico con destilería artesanal de bebidas por el plazo de cinco años, con la posibilidad de prorrogar el contrato un año más. También establece que el estacionamiento, carga y descarga deben realizarse exclusivamente dentro del predio. Pero hay un paso excluyente para la concesión: habrá una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) antes de la apertura del bar.
El rol de un polémico abogado que fue expulsado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
César Sivo, un entendido del entramado legal y de la representación de organismos de derechos humanos, fue, sin embargo y en 2021, expulsado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos por defender al autor de un femicidio.
Por esos días era, y lo siguió siendo durante al menos hasta 2023, defensor de Juan Pablo Offidani, condenado a 15 años de prisión por haber sido partícipe secundario del delito de «abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes en concurso real con femicidio» en el juicio por el crimen de Lucía Pérez.
César Sivo, abogado defensor de los derechos humanos que lleva adelante la polémica denuncia contra los quince concejales de Mar del Plata.Pérez tenía 16 años cuando el 8 de octubre de 2016, Matías Farías, 23 años, y Juan Pablo Offidani, de 41, la llevaron a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta, luego de haber pasado la mañana en la casa de Farías, en Racedo al 4.800, en el barrio Alfar.
«Una persona que defiende casos de lesa humanidad no puede defender a quien los violó. En la iglesia y en la procesión no se puede estar, y él sigue defendiendo a Offidani y no tiene intenciones de dejar de defenderlo», declaró durante el proceso judicial Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, sobre el abogado César Sivo.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos resolvió, en 2021, expulsar a Sivo por incompatibilidad entre su defensa de Offidani y la defensa de los derechos humanos.
