Este viernes 6 de noviembre, Paraguay atraviesa una jornada decisiva que mantiene en vilo a las instituciones democráticas del país. Tras el estallido de la crisis financiera de Ueno Bank y el consecuente fracaso del intento de renuncia del presidente Santiago Peña, el Congreso ratificó su postura de avanzar con el juicio político, descartando conceder una prórroga de 72 horas para la defensa del mandatario. Peña había solicitado este tiempo adicional para preparar sus alegatos junto a sus abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, argumentando que el plazo original de 12 horas resultaba insuficiente para garantizar el debido proceso en un Estado de derecho. Sin embargo, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, rechazó de plano la solicitud al advertir que el país no puede permanecer “con un Parlamento que funcione en piloto automático” ante la acefalía virtual del Poder Ejecutivo.
El colapso de Ueno Bank representa el núcleo de la tormenta política. La intervención formal de la entidad, decidida por el Banco Central tras comprobarse que sus ajustes contables situaban la solvencia por debajo de la mitad del mínimo legal, dejó al descubierto una trama de irregularidades. Según denuncias de la oposición, la entidad facilitó préstamos millonarios a sociedades vinculadas a sus propios dueños, evadiendo los límites legales bajo la pasividad del regulador.
Hacia mediados de 2026, la magnitud del daño alcanzó niveles críticos: los depósitos del Estado en el banco superaban los 860 millones de dólares, una cifra que incluye 345 millones pertenecientes al Instituto de Previsión Social destinados originalmente a las jubilaciones. La detención de ocho directivos de la entidad profundizó el descrédito del gobierno, salpicado además por los estrechos vínculos históricos entre la administración de Peña y la institución bancaria ahora colapsada.
La inestabilidad se trasladó a las calles de Asunción. Durante la noche del jueves, los ahorristas se concentraron frente a la sede central de Ueno Bank, donde se registraron escenas de alta tensión. Los ciudadanos, visiblemente indignados por la pérdida de sus ahorros y el manejo de los fondos estatales, protagonizaron quemas de tarjetas de crédito y débito. La protesta también se convirtió en un escenario de rechazo hacia la clase política en su conjunto. El excandidato presidencial y líder de Cruzada Nacional, Paraguayo “Payo” Cubas, intentó sumarse a la manifestación, pero fue expulsado por los asistentes. Los vecinos le reprocharon su rol en la actual composición parlamentaria, específicamente por haber impulsado las candidaturas de legisladores que luego se alinearon con el oficialismo de Santiago Peña.
Mientras la Fiscalía General del Estado abrió una investigación penal contra el jefe de Estado por presunta responsabilidad en la supervisión bancaria, el bloque oficialista del Partido Colorado atraviesa un quiebre interno. Con el respaldo de su titular, Horacio Cartes, a la moción de juicio político y la renuncia del ministro del Interior, Enrique Riera, el destino de Peña parece sellado en la Cámara alta.
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