La Corte Suprema de Justicia rechazó la pretensión del expresidente Alberto Fernández para llevar a la justicia de la Ciudad la causa en que está procesado por violencia de género en contra de su exmujer Fabiola Yañez, actualmente en trámite en la justicia federal.
En sintonía con la opinión del procurador general Eduardo Casal, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti señalaron que debe intervenir en la causa el juzgado federal 10.
Se trata de la respuesta a la decisión que, a pedido de la defensa de Alberto Fernández, había tomado hace un año la Cámara de Casación Contravencional y de Faltas de la justicia porteña para quedarse con la causa por violencia de género, amenazas y lesiones que radicó Fabiola Yañez.
La causa contra el expresidente se inició a raíz de chats telefónicos y fotos de Yañez que aparecían en el teléfono de la secretaria de Alberto Fernández María Cantero.
Esos mensajes fueron detectados en una causa donde se investiga al expresidente, a su exsecretaria y su marido, Héctor Martínez Sosa, y distintos empresarios por presunta corrupción en el negocio de los seguros.
En ese contexto, el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Ramiro González abrieron una investigación en donde Yañez terminó denunciando abusos y lesiones.
En distintos tramos de la causa, la defensa de Fernández cuestionó la competencia de los jueces federales de Comodoro Py 2002 para investigarlo.
Primero buscó que el caso pasara a la justicia de San Isidro, porque los hechos habrían ocurrido cuando compartían la residencia de Olivos y, luego, al fuero penal de la Ciudad de Buenos Aires.
Alberto Fernández radicó una denuncia en un juzgado porteño por presunto “hostigamiento” de Yañez hacia él, desde España.
En octubre del 2025, la Cámara de Casación en lo Contravencional y de Faltas ordenó que el juez instructor le pidiera al juez federal Ercolini que se inhibiera de seguir al frente de la causa por violencia de género y le remitiera el expediente.
Frente a ese conflicto de competencia, el caso llegó a la Corte Suprema, que entendió que la causa debía seguir siendo tramitada ante el juzgado federal 10.
Ahora, la causa está en manos del juez federal Daniel Rafecas, luego de que la Casación Penal decidiera apartar al juez Ercolini ante un planteo de recusación del expresidente, quien sostuvo que había sido amigo del juez y ahora estaban enemistados.
En febrero de 2025, Ercolini procesó a Alberto Fernández y en abril la Cámara Federal porteña ratificó el procesamiento por lesiones leves agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, lesiones graves y amenazas coactivas.
Además, Fernández está embargado por $10 millones. El fiscal González pidió que Fernández fuera enviado a juicio oral y público el 14 de agosto de 2025 y la querella de Yañez ya había pedido la elevación un mes antes.
La querella anticipó que pedirá la pena máxima posible, que en este caso corresponde a 12 años de cumplimiento efectivo, y que no aceptará ninguna “probation” ni reparación económica.
Rafecas ahora está produciendo medidas de prueba antes de decidir si eleva o no el caso a juicio oral y público. Antes, rechazó el pedido de Fernández para anular la causa y avaló la instrucción previa de Ercolini y las pruebas reunidas hasta el momento.
