Un reciente encuentro de dirigentes y militantes del peronismo bonaerense concluyó con una consigna tan reveladora como preocupante: «Vamos por Cristina libre y que sea la candidata». Y horas atrás, en una entrevista concedida a The Washington Post, la exjefa del Estado no descartó volver a ser candidata presidencial si recupera sus “derechos políticos”.
Cristina Kirchner fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Su responsabilidad penal fue establecida por un tribunal oral, confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal y quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia. La sentencia incluye seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de una suma extraordinaria de dinero, que deberán afrontar solidariamente los condenados.
No se trata de una mera denuncia periodística, una sospecha política o una acusación pendiente de resolución. Se trata de una sentencia firme, dictada después de un extenso proceso judicial con todas las garantías del caso.
Naturalmente, cualquier ciudadano puede disentir de una sentencia, cuestionar sus fundamentos o expresar solidaridad con una persona condenada. La libertad de opinión también protege esas posiciones.
Pero una cosa es discrepar y otra muy distinta pretender que las decisiones judiciales carezcan de consecuencias cuando afectan a un dirigente político al que se admira y con quien -como quedó también demostrado- se pueden hacer negocios personales en perjuicio de la administración pública.
La democracia no consiste solo en elegir gobernantes. Exige también respetar la división de poderes, la independencia judicial y la autoridad de las sentencias firmes. Quienes reivindican la voluntad popular no pueden olvidar que los jueces ejercen una función constitucional tan indispensable como la de los representantes elegidos por el voto.
La popularidad no extingue las condenas. La adhesión partidaria no levanta las inhabilitaciones. Y ninguna mayoría electoral puede conferir a sus dirigentes una inmunidad que la Constitución desconoce.
Resulta especialmente inquietante que se reclame el regreso a la administración de los asuntos públicos de quien ha sido condenada, precisamente, por defraudar al Estado en el ejercicio del poder.
La democracia no es un menú del que cada sector puede escoger las instituciones que le convienen y descartar las que le resultan incómodas. Quienes aspiran a gobernar en su nombre o vociferan esa palabra desde todo lugar disponible deberían comenzar por demostrar que están dispuestos a respetarla íntegramente.
