La Corte Suprema de Justicia le propinó este jueves un duro revés a las pretensiones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y rechazó todas sus demandas en las causas en las que está involucrada por supuesto fraude y lavado de dinero.
Según pudo saber LA NACION, la Corte frenó la unificación de las causas contra los dirigentes de la AFA en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, como habían pedido los acusados.
Aún resta resolver el planteo de competencia relacionado con quién investiga la propiedad de la fastuosa quinta con helipuerto y haras en Villa Rosa, Pilar, que en los registros aparece a nombre de un monotributista y su madre jubilada, y que se sospecha que está vinculada a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
En ese incidente, por cuya competencia pelean la justicia federal de Campana y la justicia de la Capital Federal, el procurador Eduardo Casal dictaminó que el caso siga tramitando en los tribunales porteños.
Casal mantuvo ante la Corte Suprema el recurso de queja del fiscal Mario Villar y cuestionó la decisión de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que habían dejado el caso en Campana.
Los dueños de la mansión -donde el camarista Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, habría festejado su cumpleaños- que aparecen en los papeles son Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte, quien durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Pero se sospecha que son testaferros de Toviggino, pues en la residencia donde había 50 autos de colección, caballos árabes y un haras, se hallaron retratos, plaquetas y otros elementos a su nombre. La Justicia valuó la mansión y los bienes que estaban allí en 25 millones de dólares.
El procurador dijo que la Casación violó las reglas de manera “prístina y grosera”, y señaló que no existen elementos que justifiquen que la investigación permanezca en Campana. Ahora deberá resolver la Corte este último incidente vinculado con el caso.
Este jueves, la Corte resolvió los conflictos de competencia de otras causas contra la AFA y el empresario y exdiputado massista Javier Faroni, que controla la empresa TourProdEnter, contratada por la organización que dirige Claudio “Chiqui” Tapia para cobrar los dividendos en el exterior de los contratos de la selección argentina de fútbol. LA NACION reveló documentos que señalan desvíos millonarios de parte de esa sociedad hacia otras firmas.
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó la pretensión de unificar en el juzgado federal de Campana las denuncias por el irregular manejo de fondos en el exterior, tal como lo había sugerido en su dictamen el procurador general Eduardo Casal.
Ese expediente permanecerá en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional a cargo de Paula Petazzi.
Uno de los incidentes analizó la decisión del juzgado federal de Campana, de González Charvay, que concentró una investigación por lavado de activos en torno a la propiedad de la fastuosa quinta de Villa Rosa, Pilar.
El juez González Charvay le reclamó a la jueza Petazzi que se inhibiera de seguir investigando la denuncia por administración fraudulenta que radicó en ese fuero el empresario Guillermo Tofoni, dueño de la empresa World Eleven, que tenía un contrato previo con la AFA para la organización de partidos amistosos de la selección argentina.
En el segundo incidente, la Corte resolvió otro planteo en el que el Juzgado Penal Económico 8 y la jueza Petazzi rechazaban intervenir en la denuncia de Tofoni contra la dirigencia de la AFA por el delito de balance falso.
De acuerdo con la jurisprudencia, de existir balance falso podría ser parte de una misma administración fraudulenta, por lo que corresponde analizarse en el fuero penal ordinario.
