Increíblemente, diez meses después de iniciada la investigación sobre la fastuosa quinta de Pilar, presuntamente vinculada con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), algunos de nuestros tribunales todavía discuten quién debe investigarla. Diez meses de expedientes que van y vienen, de recursos, excusaciones y conflictos de competencia. Diez meses durante los cuales las sospechas de lavado de dinero y administración fraudulenta siguen esperando respuestas. Diez meses durante los cuales varios jueces olvidaron el juramento que prestaron al asumir sus cargos.
En los últimos días se conocieron dos medidas judiciales que sacudieron en parte esa larga modorra. Por un lado, Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, financiera allegada a la AFA, fue detenido por lavado de dinero por orden del juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte. Por otro, el fiscal Gerardo Pollicita pidió investigar transferencias por 1,5 millones de pesos y 200.000 dólares que Tapia recibió del Sindicato de Camioneros y de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), tras lo cual el juez federal Ariel Lijo ordenó un exhorto a Suiza.
Respecto de la propiedad en Pilar, valuada en unos 25 millones de dólares, es apenas una pieza de una investigación mucho más amplia sobre el destino de cuantiosos fondos de la AFA. Sin embargo, nuestros tribunales parecen más ocupados en decidir quién se quedará con el expediente que en esclarecer los hechos.
El espectáculo resulta indignante. Las garantías procesales, incluido el derecho al juez natural, son indispensables. Pero no pueden convertirse en coartadas para una parálisis interminable de impunidad. Mucho menos cuando existen cuestionamientos públicos sobre los vínculos entre algunos magistrados y personas relacionadas con la entidad investigada.
No se trata de anticipar condenas ni de desconocer derechos, sino de exigir que la Justicia cumpla su función elemental: investigar con independencia, diligencia y sin privilegios, y que sea capaz de asumir la responsabilidad que le toca y la función que debe desempeñar.
Cada mes perdido favorece el deterioro de las pruebas y alimenta la desconfianza pública. Cada nueva disputa entre tribunales profundiza la sospecha de que, cuando están involucrados el poder y el dinero, la maquinaria judicial encuentra infinitas razones para no avanzar.
Tan lejos ha llegado esa indefinición judicial que el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, presentó a mediados del corriente mes un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que analice quién debe quedarse con el expediente.
Cuando la Justicia permite que las investigaciones se paralicen indefinidamente deja de ser un obstáculo para la impunidad y corre el riesgo de convertirse en su instrumento o de ser, simplemente, un cómplice más.
La Argentina necesita jueces que investiguen, no tribunales que se disputen el derecho a hacerlo para que, mientras tanto, nada cambie y la impunidad reine.
