Ante las nuevas exigencias europeas de trazabilidad socioambiental para la soja destinada a ese mercado, la Federación de Acopiadores de Granos alcanzó un acuerdo con Visec y el Instituto de Capacitación Agropecuaria (Incagro) para que las empresas registradas en la plataforma del instituto puedan habilitar sin cargo sus plantas de silos para operar con ese sistema. La medida responde a un reclamo de los acopiadores, que debían pagar por esa habilitación mientras otros eslabones de la cadena accedían de manera gratuita.
Según explicó a LA NACION Fernando Rivara, presidente de la entidad, en el medio se generó un gran debate con la exportación, porque para el resto de los eslabones la plataforma era gratuita. Incagro, por su parte, señaló que la iniciativa apunta a acompañar al sector ante las nuevas exigencias ambientales europeas. Para los acopiadores, además, representa una respuesta a un reclamo por las diferencias entre los costos que debían afrontar los distintos participantes de la cadena para ingresar al sistema.
“La iniciativa surge de un acuerdo entre las entidades que integran Incagro y es instrumentada por la Federación de Acopiadores, que pone a disposición su estructura administrativa y conocimientos para gestionar la documentación, verificar los requisitos y habilitar a las plantas que estén en condiciones de incorporarse al sistema. El beneficio permite evitar el costo de una certificación externa inicial para la habilitación de las instalaciones, sin resignar los controles documentales ni los requisitos técnicos exigidos”, mencionó.
Mencionaron también que las empresas contarán con acompañamiento durante el proceso, un aspecto especialmente valioso frente a una normativa que introduce nuevas obligaciones operativas para el sector.
Rivara puntualizó: “Los únicos que teníamos que pagar en su momento, originalmente, éramos los acopiadores, que tenían que venir a certificar las plantas de silo”. Según explicó, el acceso a la plataforma era gratuito para productores, corredores y exportadores.
La entidad planteó esa diferencia dentro de Visec, donde participa desde su conformación. “Hemos estado discutiendo muchísimo”, señaló Rivara. El cuestionamiento, precisó, era que un eslabón de la cadena tenga que pagar cuando el resto para entrar en el mismo sistema era gratuito.
“Se llegó a un acuerdo entre Visec y la Federación de Acopiadores para que nosotros certifiquemos la planta de silo, y eso lo hacemos a través de Incagro”, afirmó. Rivara indicó que el trámite requiere el envío de los antecedentes correspondientes y remarcó que también comprende a las cooperativas.
La iniciativa se concentra en la habilitación de las instalaciones para operar dentro del sistema de trazabilidad socioambiental. Según explicó el dirigente, ya existen plantas habilitadas y la demanda de mercadería Visec está presente en el mercado.
Rivara también describió cómo los requerimientos de trazabilidad se trasladan a los negocios de soja. “Claramente los exportadores están solicitando soja Visec”, afirmó. Según explicó, esa demanda ya tiene un espacio específico en A3: “Es notorio que en A3 hay ya un sector para negociar la certificación Visec”. El dirigente mencionó un valor de US$10 para esa certificación y agregó que “también se hacen negocios por fuera de A3”.
El cambio responde al Reglamento (UE) 2023/1115, conocido como EUDR, que establece nuevas condiciones para ingresar al mercado europeo con determinadas materias primas y sus derivados, entre ellos la soja. La norma exige demostrar que la mercadería no procede de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020, que su producción cumple con la legislación del país de origen y que existen datos que permitan verificar su procedencia.
Tras sucesivas postergaciones, las principales obligaciones comenzarán a aplicarse el 30 de diciembre de 2026 para los operadores europeos medianos y grandes. Según se conoció, determinadas empresas pequeñas y microempresas tendrán un plazo adicional.
Aunque las obligaciones recaen sobre quienes comercializan los productos en el mercado europeo, los requisitos de información se trasladan a los proveedores argentinos. Para responder a esas exigencias, productores, acopiadores, cooperativas, industriales y exportadores deben coordinar la trazabilidad de los granos, desde su origen hasta el embarque, e identificar la mercadería que cumple con las condiciones. En ese proceso se inscribe Visec, una herramienta para documentar y verificar el cumplimiento a lo largo de la cadena, promovida por los exportadores.
