La Cámara Federal de Casación Penal dispuso que se investiguen las obras realizadas por el Municipio de Pilar, a cargo de Federico Achaval, en el predio que funcionó como vacunatorio durante la pandemia por COVID 19, en varias hectáreas junto a la Panamericana donde se construyeron cocheras y un centro comercial.
Lo dispuso la Sala IV de la Cámara Federal de Casación con motivo del reclamo de Mateo Corvo Dolcet, de la firma Pilar Bicentenario SA, propietaria del predio usado por el municipio para montar el mayor vacunatorio bonaerense, luego abandonado, con restos de medicamentos, insumos médicos, vacunas y material descartable, además de camillas y mobiliario.
Había sido promocionado durante la pandemia como el más grande de la Argentina.
Fuentes del Municipio de Pilar explicaron a LA NACION que el fallo se refiere a una causa por desobediencia, que no está vinculada con los elementos que quedaron en el lugar, y dijeron que el intendente no está ni estuvo imputado en el expediente.
Los restos de lo que fue el vacunatorio están siendo investigados por un fiscal provincial.
Desde el municipio argumentaron que la decisión de Casación no menciona a Achaval.
La Sala IV, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, hizo lugar al recurso de la empresa.
Así revocó el archivo del caso que había dispuesto el Juzgado Federal de Campana, de Adrián González Charvay, confirmado luego por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
Ahora se mandó a continuar con la investigación.
La causa se originó al inicio del año 2025 a partir de una presentación del presidente de la firma Pilar Bicentenario SA, Mateo Corvo Dolcet, ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 8 de Marcelo Martínez de Giorgi.
Corvo Dolcet había sido investigado por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico. En el medio de esa investigación, la Justicia cedió temporariamente el predio a la municipalidad, con intervención de la Administración de Bienes del Estado (AABE).
La AABE participó en la entrega del predio como interventor judicial porque se estaba construyendo allí un Centro de Transferencia de Pasajeros del área metropolitana de la Línea General Belgrano de Ferrocarriles, próximo a la autopista.
En el edificio funcionarían más de 400 cocheras para vehículos. El proyecto se sustentaba en un acuerdo celebrado entre la empresa, el gobierno nacional y la comuna de Pilar.
Cuando Corvo Dolcet fue sobreseído de la investigación, intentó recuperar el predio y se encontró con el estado de abandono que había dejado la Municipalidad.
El presidente de la firma Pilar Bicentenario SA también es querellante en otra causa, que tramita ante la justicia federal de La Plata, en la cual se investigan hechos relacionados con la sanción en diciembre de 2020 de la ley provincial 15.239 que dispuso la expropiación del predio, para que se lo quede la provincia. Según el querellante: “Una autoridad municipal recibió un inmueble cautelado por la justicia federal, en custodia transitoria, con una finalidad pública específica vinculada a la pandemia; incumplió las condiciones impuestas; alteró el inmueble”.
Dijo que se “realizaron obras sin autorización ni control técnico conocido; retuvo el inmueble luego de revocada la custodia; la autoridad invocó una intervención de título incompatible con la tenencia que había recibido; se benefició con una ley de expropiación promovida mediante falsedades y actualmente suspendida; y, producto de todo ello, afectó un proceso cautelar federal, la materialización de donaciones ya aceptadas por el Estado Nacional, la ejecución de un proyecto de transporte de interés público nacional, la propiedad de PBSA y su proceso concursal”.
Así, el querellante dijo que el archivo de la causa era “arbitrario y prematuro porque fue dispuesto sin realizar medida alguna” luego de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación anulara las decisiones que le habían negado actuar como parte querellante.
Cuestionó los fallos de Gozalez Charvay y la Cámara de San Martín porque, a su entender, habían recortado y descontextualizado los hechos denunciados, al considerarlos meros incumplimientos contractuales, obturando de tal modo la posibilidad de producir las pruebas propuestas por esa parte con el propósito de acreditar su hipótesis delictiva».
Sostuvo que no podía descartarse “la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación por depositario infiel y desbaratamiento de derechos acordados”.
Los jueces de la Cámara de Casación hicieron lugar al reclamo del querellante y dejaron sin efecto el archivo de las actuaciones por considerarlo arbitrario y prematuro.
