Hay algo incómodo que deberíamos empezar por reconocer: los problemas de la educación argentina llevan décadas. Ningún gobierno puede atribuirlos solamente al anterior y ninguno puede prometer resolverlos durante los cuatro años de su mandato.
La educación tiene tiempos diferentes a los de la política. Un chico que empieza primer grado durante un gobierno probablemente termine la secundaria después de tres elecciones presidenciales. Sin embargo, seguimos discutiendo la educación como si cada cambio de gobierno nos obligara a empezar nuevamente.
Lo digo también como autocrítica. Cuando fui ministro impulsamos el Acuerdo de Purmamarca. Buscábamos establecer una agenda educativa federal que trascendiera las diferencias políticas y permitiera construir una política de Estado. Sigo creyendo que aquella intención era correcta. Pero, visto con la distancia que da el tiempo, al acuerdo le faltaron dos cosas fundamentales: metas suficientemente concretas y un plazo preciso para cumplirlas.
Un acuerdo sin metas mensurables corre el riesgo de convertirse en una declaración de buenas intenciones. Y un acuerdo sin plazo hace difícil determinar quién es responsable de cumplirlo.
Aprendí de esa experiencia.
Por eso hoy propondría algo más sencillo y más exigente: un acuerdo educativo nacional por diez años. No un documento con cien objetivos. Cinco compromisos, metas anuales, responsables claros y resultados públicos.
El primero es la alfabetización. Ningún chico debería terminar tercer grado sin comprender adecuadamente lo que lee y sin poder expresarse correctamente por escrito. Quien no comprende lo que lee empieza a acumular una desventaja que después atraviesa toda su trayectoria educativa.
El segundo compromiso es matemática. Necesitamos que nuestros alumnos recuperen la capacidad de razonar, resolver problemas y utilizar herramientas matemáticas. En una economía atravesada por la tecnología y el conocimiento, abandonar esa batalla significa limitar sus oportunidades futuras.
El tercero son los docentes. Aprendí que no existe ninguna transformación educativa que pueda hacerse contra los docentes ni sin ellos. Necesitamos mejorar su formación inicial, acompañarlos durante su carrera y devolverle prestigio social a una profesión decisiva. Pero prestigiar también significa exigir. El centro del sistema debe ser el aprendizaje de los alumnos.
El cuarto compromiso es recuperar tiempo de aprendizaje. Necesitamos que los chicos estén en la escuela y que, cuando estén allí, aprendan. Eso significa mejorar la asistencia, cumplir los días de clase y aprovechar mejor cada hora escolar.
El quinto es evaluar. Evaluar no es perseguir docentes, castigar escuelas ni buscar culpables. Evaluar es saber. Necesitamos conocer qué están aprendiendo nuestros chicos, identificar las escuelas que mejoran, aprender de ellas y actuar rápidamente donde los resultados muestran dificultades.
Lo que no medimos, difícilmente podamos mejorarlo.
Pero este acuerdo estaría incompleto si lo firmaran solamente los gobiernos y los actores del sistema educativo. Necesitamos incorporar a las familias.
La educación empieza mucho antes de que un chico cruce la puerta de una escuela y continúa cuando vuelve a su casa. Las familias también tienen responsabilidades: acompañar la escolaridad, valorar el esfuerzo, procurar la asistencia cotidiana, interesarse por lo que sus hijos aprenden y devolverle a la escuela la autoridad que necesita para enseñar.
Eso no significa desconocer las enormes diferencias sociales entre las familias argentinas. El Estado debe acompañar mucho más a quienes tienen menos recursos y posibilidades. Pero acompañar no significa reemplazar. Escuela y familia no son competidores: son socios en la educación de un chico.
Quien comienza una transformación probablemente no sea quien pueda mostrar sus resultados finales
El desafío más complejo sigue siendo político. Propongo que Nación, las 24 jurisdicciones, oficialismo, oposición, docentes y familias sostengamos estas prioridades durante diez años. Cada una debería tener metas anuales e indicadores públicos. Todos los años deberíamos saber cuánto avanzamos y cuánto nos falta.
Diez años significa aceptar algo que a la política le cuesta: quien comienza una transformación probablemente no sea quien pueda mostrar sus resultados finales.
Ahí también hay liderazgo.
Un acuerdo no significa pensar todos igual. Seguiremos discutiendo métodos, presupuestos, contenidos y responsabilidades. Lo que debemos acordar es que determinadas prioridades educativas no pueden cambiar cada cuatro años.
Si pudiera volver al Acuerdo de Purmamarca con lo que aprendí después, le pondría menos declaraciones, más números, un reloj y una silla más en la mesa: la de las familias.
La educación puede ser el lugar donde la Argentina recupere su capacidad de acordar.
El verdadero acuerdo educativo no será la fotografía del día que se firme. Será que dentro de diez años podamos mirar a nuestros chicos y comprobar que, gobierne quien gobierne, todos cumplimos nuestra palabra.
Exministro de Educación de la Nación, exsenador nacional por la provincia de Buenos Aires
