Darío Martín Bustos Morales recibió prisión efectiva por el robo al comercio Santa María Grow Shop, en avenida Alem. La causa se resolvió por juicio abreviado y quedó con prisión preventiva.
Un joven de 18 años fue condenado a cinco años de prisión efectiva por su participación en un asalto armado contra el comercio Santa María Grow Shop, ubicado en calle Alem 226 Norte, en Capital. La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado y además se dispuso su prisión preventiva.
El hecho ocurrió el 26 de junio de 2026, cerca de las 15:30, cuando Darío Martín Bustos Morales llegó al lugar junto a otros sujetos a bordo de un Chevrolet Onix. Según la investigación, el grupo ingresó por la fuerza al negocio y amenazó con armas de fuego y cuchillos al propietario y a una mujer que estaba en el local, a quienes obligaron a tirarse al suelo. Ese encuadre forma parte de la causa penal y fue el sustento de la condena dictada por la Justicia.
Mientras algunos de los asaltantes mantenían reducidas a las víctimas, los demás recorrieron el comercio y reunieron distintos productos. Entre los elementos sustraídos hubo teléfonos celulares, luminarias LED, pipas, fertilizantes y un bolso de uso personal. También se llevaron $350.000 en efectivo, de acuerdo con la descripción incorporada al expediente.
Intervención fiscal La causa estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, con la intervención de los fiscales Cristian Catalano, Carlos Yanzón, Florencia Caillet y Carla Savall. Tras el acuerdo de juicio abreviado, se fijó la pena de cinco años de cumplimiento efectivo para Bustos Morales. La resolución también ordenó su prisión preventiva en los términos del artículo 297, inciso 1, de la Ley Provincial 1851-O.
La condena cierra, por ahora, la situación procesal del joven dentro de esta investigación, aunque el expediente sigue vinculado a la participación de otros involucrados que, según la reconstrucción fiscal, actuaron en el asalto. El dato operativo relevante es que la medida de coerción quedó firme en el marco del acuerdo y bajo la normativa provincial citada por la fiscalía.
