La discusión sobre qué sucede cuando una mina deja de producir volvió a ocupar un lugar central en el Senado de la Nación. Legisladores de distintas fuerzas políticas se reunieron para analizar cómo establecer reglas claras para el cierre de los yacimientos y evitar que los problemas ambientales y los costos de remediación queden, con el paso del tiempo, en manos del Estado.

El encuentro reunió a las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, encabezada por Flavia Royón, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presidida por Edith Terenzi. Durante el plenario se retomó el análisis de dos proyectos que proponen incorporar disposiciones específicas sobre el cierre de minas al Código de Minería.

Aunque las iniciativas presentan diferencias, ambas parten de una preocupación común: la necesidad de que las empresas planifiquen el final de sus operaciones con anticipación y cuenten con los recursos necesarios para cumplir con sus compromisos ambientales.

Para Royón, el tema requiere una respuesta que alcance a todo el país, especialmente porque varios emprendimientos se acercan al final de su etapa productiva mientras otros comienzan a desarrollarse.

“En los próximos años se van a dar cierres de mina en la Argentina, de minas que ya están en sus estadios finales. Necesitamos tratar esta temática para que haya una línea uniforme en nuestro país sobre el cierre de minas para dar certidumbre también jurídica a los proyectos que hoy están comenzando y que están en marcha”, señaló.

La senadora Edith Terenzi, por su parte, explicó que la propuesta busca establecer procedimientos y estándares que permitan realizar cierres adecuados y garantizar el seguimiento de las áreas intervenidas una vez finalizada la actividad. La idea es que la protección ambiental no dependa únicamente de las decisiones que se tomen cuando una explotación deja de ser rentable, sino que forme parte de la planificación desde el principio.

Minas que llegan al final de su ciclo y proyectos que recién comienzan

Uno de los motivos que impulsan el debate es la situación de varios yacimientos que podrían dejar de producir en los próximos años.

El senador catamarqueño Flavio Fama, autor de uno de los proyectos junto con Terenzi y sobre la base de una propuesta del Consejo Federal de Minería, indicó que en el país hay entre seis y siete emprendimientos mineros maduros que podrían finalizar sus operaciones productivas en un plazo de dos a tres años.

La situación alcanza especialmente a provincias con una larga historia vinculada con la actividad, como Santa Cruz, Jujuy y Catamarca.

Al mismo tiempo, la minería argentina atraviesa una etapa en la que se esperan nuevas inversiones y el desarrollo de proyectos de gran escala. En ese contexto, las iniciativas asociadas con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) alimentan las proyecciones de desembolsos cercanos a los 50.000 millones de dólares para el sector.

Esta combinación de proyectos que se preparan para comenzar y otros que se acercan al final de su vida útil plantea una cuestión que los legisladores consideran necesario resolver: cómo asegurar que cada empresa se haga cargo de las tareas de cierre y de la recuperación ambiental de las zonas afectadas.

En emprendimientos cuya vida útil puede extenderse durante 20 o 30 años, esperar hasta el último momento para definir cómo se realizará el cierre puede generar dificultades económicas y ambientales. Por eso, una de las ideas centrales de los proyectos es que la planificación y las garantías financieras se establezcan desde las primeras etapas de la explotación.

Las diferencias entre provincias y la búsqueda de reglas comunes

Otro aspecto que quedó expuesto durante la reunión es que la Argentina no cuenta con un sistema uniforme para regular el cierre de las explotaciones mineras.

Las provincias tienen distintas herramientas para abordar esta etapa. Santa Cruz dispone de legislación específica, mientras que Catamarca utiliza resoluciones provinciales y antecedentes relacionados con la Ley Nacional 24.585 de protección ambiental para la actividad minera. En San Juan, la cuestión se aborda mediante procedimientos locales y normas nacionales, en un escenario donde también existen iniciativas legislativas en discusión.

Esta diversidad de criterios es uno de los argumentos que sostienen la necesidad de avanzar con una regulación nacional de presupuestos mínimos ambientales.

La intención es establecer requisitos básicos para todas las jurisdicciones, sin quitarles a las provincias sus facultades para controlar la actividad ni desconocer sus competencias en materia minera y ambiental.

En otras palabras, se busca que exista una base común de obligaciones para todo el país, aunque cada provincia pueda ejercer sus atribuciones dentro de ese marco.

El antecedente de las minas de uranio y una advertencia sobre los costos de la remediación

Durante el plenario también se puso sobre la mesa un antecedente que refleja las consecuencias de no haber previsto adecuadamente el cierre y la recuperación de un sitio minero.

Flavio Fama presentó las conclusiones de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) relacionado con el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio, conocido como Pramu.

Según los datos expuestos durante la reunión, de las 26 minas de uranio inactivas registradas en el país, solamente la ubicada en Guaymallén, Mendoza, había completado su proceso de remediación. Los gastos necesarios para llevar adelante esas tareas fueron afrontados por el Estado provincial y el Estado nacional.

El caso volvió a poner en discusión quién debe asumir los costos cuando una explotación termina y quedan pendientes trabajos para recuperar el ambiente.

Fama advirtió que la falta de controles y de previsión puede hacer que el Estado termine pagando por obligaciones que debieron contemplarse durante el desarrollo del proyecto.

“Si nosotros somos laxos en ese control, quien termina pagando el cierre de mina es el Estado. Es el Estado el que tiene que estar presente para resolver los problemas que no se resolvieron en su debido momento”, sostuvo.

Entre las dificultades señaladas en el caso de Mendoza figuran la falta de planificación desde el inicio de la actividad, la ausencia de fondos específicos para financiar la recuperación ambiental y la limitada participación de la ciudadanía.

Para los legisladores que impulsan una regulación, la experiencia demuestra que no alcanza con exigir compromisos sobre el papel. También es necesario comprobar que existan recursos disponibles para cumplirlos y mecanismos de control que permitan actuar antes de que los problemas se vuelvan más difíciles de resolver.

Qué diferencias hay entre los proyectos que analiza el Senado

Más allá de la coincidencia sobre la necesidad de regular el cierre de minas, las dos iniciativas presentan diferencias en cuestiones importantes, como las garantías económicas, las sanciones ante incumplimientos y la intervención de las comunidades.

Uno de los proyectos fue impulsado por Lucía Corpacci junto con Alicia Kirchner y Jorge Capitanich. Durante el debate, la senadora catamarqueña recordó la experiencia del cierre del yacimiento Minera Alumbrera, en 2016, y las dificultades que encontraron en relación con la planificación de esa etapa.

“Nos encontramos con que no había proyecto de cierre de mina, no porque no se quisiera, sino porque este tema del cuidado del medio ambiente es de los últimos 40 o 50 años”, expresó.

Corpacci también manifestó su desacuerdo con la eliminación del artículo 23 de la Ley de Inversiones Mineras, prevista en un dictamen anterior. Ese artículo permite que las empresas deduzcan de sus ganancias hasta el 5% de los costos operativos para constituir previsiones destinadas a atender cuestiones ambientales.

Ante el planteo, Fama explicó que la intención de eliminar esa disposición era evitar la superposición de normas. No obstante, indicó que su bloque estaba dispuesto a revisar el punto para intentar alcanzar un acuerdo.

Las garantías económicas fueron otro de los temas que generaron diferencias. Corpacci sostuvo que las exigencias deben contemplar el tamaño y las características de cada emprendimiento. Desde su perspectiva, no sería razonable aplicar las mismas condiciones a una cantera pequeña que a una explotación minera de gran escala.

Al mismo tiempo, defendió la utilización de dos mecanismos complementarios: la constitución de previsiones contables periódicas y la presentación de garantías financieras que puedan hacerse efectivas cuando corresponda. Entre los instrumentos mencionados se encuentran aquellos autorizados por el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación.

La senadora también propuso endurecer las consecuencias frente a determinados incumplimientos. Su iniciativa contempla que la ejecución de un cierre físico sin autorización pueda tener consecuencias penales y civiles, mientras que la propuesta vinculada con la Unión Cívica Radical prevé tratar esa conducta como una infracción administrativa dentro del Código de Minería.

Además, planteó la posibilidad de que las provincias retengan hasta un 20% adicional como fondo de reserva cuando las empresas incumplan con la presentación de sus planes técnicos y presupuestarios.

En cuanto a las audiencias públicas, Corpacci consideró que deben tener una función más amplia que la de cumplir con un requisito formal. A su entender, estas instancias tienen que permitir que los habitantes de las zonas involucradas comprendan los proyectos, conozcan sus posibles consecuencias y participen de manera informada.

La postura de San Juan: cuidar el ambiente sin generar obstáculos innecesarios

El senador sanjuanino Bruno Olivera Lucero también intervino en el debate y planteó la importancia de encontrar un punto de equilibrio entre las exigencias ambientales y el desarrollo de la industria minera.

El legislador destacó el crecimiento del sector y pidió cautela a la hora de modificar el Código de Minería, una norma central para el funcionamiento de la actividad.

Uno de sus cuestionamientos estuvo relacionado con la posibilidad de establecer un fideicomiso obligatorio para garantizar el financiamiento del cierre de los yacimientos. Según advirtió, ese mecanismo podría dejar fondos inmovilizados durante períodos muy prolongados y generar dificultades para determinar quién debería administrarlos de manera independiente.

“La minería dejó de ser una ilusión para transformarse en una realidad”, afirmó Olivera Lucero, quien manifestó su voluntad de trabajar en una propuesta que permita compatibilizar las inversiones con el cumplimiento de las obligaciones ambientales.

Para San Juan, una provincia donde la minería tiene un peso importante en las perspectivas de desarrollo, la discusión tiene especial relevancia. La definición de reglas claras para el cierre de los yacimientos forma parte de un debate más amplio sobre cómo sostener la actividad y, al mismo tiempo, garantizar que las consecuencias ambientales sean atendidas de manera responsable.

El desafío será evitar tanto la falta de previsión como la aplicación de mecanismos que resulten difíciles de implementar o que no se ajusten a las características de cada proyecto.

Una nueva reunión para intentar acercar posiciones

Por el momento, las comisiones no cerraron la discusión. Al finalizar el plenario, los legisladores acordaron continuar trabajando para elaborar un texto que reúna los puntos de mayor consenso entre las iniciativas.

A propuesta de Edith Terenzi y Jorge Capitanich, se resolvió distribuir entre los integrantes de las comisiones el dictamen elaborado el año anterior, que servirá como base para las próximas conversaciones.

Flavia Royón adelantó que dentro de los próximos 15 días se convocará a una nueva reunión con especialistas, autoridades provinciales, representantes del Consejo Federal de Minería (COFEMIN) y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.

La participación de estos sectores buscará aportar criterios técnicos y acercar posiciones sobre los mecanismos que debería contemplar la futura ley.

El objetivo es alcanzar una regulación que permita a las empresas conocer sus obligaciones con anticipación, garantice los recursos para afrontar el cierre de las explotaciones y establezca controles efectivos para proteger el ambiente.

La discusión todavía tiene varios puntos por resolver. Sin embargo, hay una cuestión que atraviesa todo el debate: el cierre de una mina debe ser una etapa prevista desde el comienzo de la actividad, y no un problema que recién se intente solucionar cuando la producción termina y las responsabilidades ya están en discusión.