¿Qué duda cabe? El mundo demanda de forma creciente los productos del complejo sojero: harina, aceite y biodiésel, además del poroto en bruto. La principal razón por la que el mercado internacional tiende a los derivados radica en que la industrialización en origen evita enormes costos de flete, al eliminar el transporte de la humedad natural del poroto y de los desperdicios.
Dado que la producción de biodiésel mitiga la dependencia económica de la importación de combustibles tradicionales, las perspectivas de su demanda son fabulosas. Debido a los conflictos en las áreas de explotación petrolera, la viabilidad económica —directamente ligada a la correlación de precios entre el barril de crudo (Brent/WTI) y los aceites vegetales— muestra un panorama favorable.
Pero no solo se trata del biodiésel. La elevada demanda de la soja es resultante de su alto contenido proteico, lo cual la convierte en un insumo clave para la producción de carne. Este alimento es cada vez más consumido, sobre todo en Asia y en países de ingresos medios y bajos, impulsado por el crecimiento demográfico, la urbanización y la mejora de los ingresos. El fenómeno es claro: cuando los ciudadanos de las naciones en desarrollo elevan su ingreso per cápita, no solo comen más, sino que comen distinto. Pasan de una dieta basada en féculas y granos de consumo directo a incorporar de manera creciente proteínas animales en todas sus variantes.
Sin embargo, nuestro país no está aprovechando esta tendencia alimentaria global. El contenido proteico —medido como porcentaje del grano sobre base seca— evidencia una notoria caída desde la campaña 1997/98 hasta la actualidad. Esta merma es sumamente grave por el perjuicio económico que implica: eleva los costos, ahuyenta mercados y penaliza la exportación de harina, lo que termina traduciéndose en un menor precio final para el productor.
La genética es una de las causas del problema debido a la fuerte correlación negativa natural entre el rendimiento en kilos y la calidad proteica. A esto se suma que, al no haber garantías jurídicas para el cobro de regalías por eventos biotecnológicos (los genes modificados implantados), las empresas del sector retrasan o cancelan el lanzamiento de nuevas semillas en nuestro país. El “uso propio” no certificado alivia el bolsillo del productor en el corto plazo, pero su costo real es perjudicial a largo plazo, ya que frena la inversión privada y la investigación genética. Esta falta de innovación es una espada de Damocles que estanca los rindes y desploma la calidad.
Ahora bien, ¿por qué ocurren estas cosas? Si bien no se puede atribuir toda la responsabilidad al sistema impositivo, no cabe duda de que las retenciones cargan con el mayor peso. Son estos derechos de exportación los que inducen a los productores a recortar la inversión dado que los costos operativos resultan estrictamente imprescindibles para sostener la producción. Para empeorar el panorama, la constante imprevisibilidad de estas alícuotas hace que la rentabilidad empresarial termine supeditada a los cambios de rumbo y a la discrecionalidad del gobierno de turno y las consecuentes presiones sectoriales. El intervencionismo estatal genera un entorno donde el empresario rural tiende a la subsistencia a corto plazo antes que la inversión tecnológica a largo plazo.
Si bien la búsqueda del superávit fiscal es una meta inobjetable para destruir la inflación, es indispensable visibilizar el desproporcionado sacrificio que este proceso exige al sector. Que quede claro.
El autor es economista
