Una investigación ordenada por la Misión internacional de determinación de los hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela concluyó que, a pesar de algunas mejoras en la situación de los derechos humanos, las estructuras responsables de la represión y los crímenes de lesa humanidad siguen intactas y señala que entre 379 y 500 personas podrían seguir detenidas por motivos políticos.
El informe de la ONU sostiene que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, introdujo medidas que lograron una reducción significativa de las detenciones de larga duración y las desapariciones forzadas otorgando mayor margen de libertad a grupos de la sociedad civil y figuras de la oposición para participar en protestas y reuniones públicas.
Sin embargo, la Misión advierte que no se han producido las reformas necesarias para garantizar cambios duraderos. Siguen vigentes leyes para criminalizar la disidencia y las fuerzas de seguridad mantienen esencialmente las mismas estructuras y prácticas. De hecho, se reportaron 64 nuevos casos de tortura después del 3 de enero, día de la captura de Nicolás Maduro.
Los investigadores de la ONU documentaron patrones de tortura y malos tratos contra personas detenidas por motivos políticos. Entre otros, verificaron un método de tortura no registrado, llamado “la máquina del tiempo” consistente en confinar a grupos de unos 15 detenidos en un tanque subterráneo sellado, donde se les obligaba a permanecer desnudos y en total oscuridad por períodos que oscilaban entre unos pocos días y tres meses, sin acceso siquiera a instalaciones sanitarias.
Asimismo, documentaron confinamiento de personas en celdas similares a fosas excavadas bajo el nivel del suelo, exposición al frío, privación de alimentos y otras prácticas degradantes como el acceso restringido a agua potable segura, alimentación adecuada, medicamentos y atención médica.
El informe también consigna amplios vínculos entre el Estado y los grupos civiles armados conocidos como “colectivos”, y afirma que estos habían desempeñado un papel clave en la intimidación de periodistas y dirigentes opositores, con el respaldo político, financiero y logístico de las instituciones estatales. Los colectivos han desempeñado funciones de vigilancia e inteligencia, identificaron y localizaron a personas buscadas por los organismos de seguridad y participaron en la represión de manifestaciones contrarias al gobierno.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió prolongar hasta 2028 el mandato de la Misión internacional, decisión que fue rechazada por las autoridades de Caracas por considerar que los mecanismos de supervisión establecidos sin autorización del Estado investigado deberían ser sustituidos.
Es imperativo desmantelar la estructura represiva, frenar inmediatamente cualquier método de tortura y liberar sin condiciones a todas las personas detenidas arbitrariamente. Los Estados Unidos y otros actores internacionales influyentes deberían intensificar sus esfuerzos para exigir cambios reales en materia de derechos humanos en Venezuela.
La reciente acusación de la justicia norteamericana contra el ex dictador Maduro y su cónyuge, Cilia Flores, imputados de haber conspirado para torturar a los ciudadanos con el fin de mantenerse en el poder, no puede separarse de las situaciones de violación a los derechos humanos que aún persisten en la castigada Venezuela. La presión internacional para revertir este estado de cosas debe hacerse oír.
