Pese a los intentos a contrarreloj para sumar avales, la oposición no logró reunir el quorum necesario para avanzar con la megasesión convocada para hacer caer el DNU 70/23 y tratar la prórroga de emergencia en discapacidad y un proyecto para abordar la creciente morosidad y el endeudamiento familiar. El apoyo de los legisladores del norte y del centro fue clave para el Gobierno, que obtuvo con esta derrota un poco de aire con miras a dos temas que le interesan especialmente a la Casa Rosada: la suspensión de las PASO y el Presupuesto 2027.
Los bloques críticos alcanzaron los 121 votos: les faltaron ocho avales para poder abrir el recinto. Entre las ausencias de peso figuran los tres legisladores de Independencia que responden a Jaldo; los integrantes de Provincias Unidas Gisela Scaglia y José Núñez, cercanos al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
Tampoco bajaron al recinto Sergio Capozzi (Río Negro) y Lourdes Arrieta (Mendoza), Alejandra Torres (Córdoba), Jorge Ávila (Chubut) y los radicales Jorge Rizotti e Inés Zingarán, que responden al gobernador jujeño Carlos Sadir. Todos ellos del bloque de Provincias Unidas, que suele quedar dividido ante las presiones de los gobernadores.
Hasta último momento, se activó el toma y daca entre el Ejecutivo y las provincias. Desde temprano, referentes de los bloques de Unión por la Patria (UP) y Provincias Unidas pusieron la lupa sobre un anuncio del Gobierno para convocar a empresas mineras y operadores logísticos con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Belgrano Cargas en Salta y atraer inversiones privadas para reactivar sus ramales ferroviarios.
A ello se suma la maniobra que ensayó ayer el oficialismo al incorporar dos artículos vinculados con la Ley de Tierras al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado.
El primero, el artículo 38, “deja sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023”, mientras que el segundo, el 39, restituye la plena vigencia de la Ley 26.737, que establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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