El oficialismo anunció esta tarde en el Senado una serie de modificaciones al proyecto de reforma de la ley de salud mental y aseguró que cuenta con el consenso necesario para que la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo pueda obtener dictamen este jueves y, de lograrlo, ser discutida en el recinto de la Cámara alta la semana próxima.
Entre los cambios más importantes figuran la eliminación de la posibilidad de volver a crear instituciones o especializadas para la internación de casos psiquiátricos que proponía el texto enviado por la Casa Rosada al Senado el 20 de abril último.
A pedido de senadores de diferentes bloques y de varios de los ministros provinciales que participan del Consejo Federal de Salud (Cofesa), se mantendrá la prohibición de los manicomios que estableció la ley de salud mental sancionada en 2010.
También extiende la cobertura de la ley a todas las adicciones, no sólo a las de consumos de estupefacientes, como la ludopatía. Además, se permiten las internaciones involuntarias, que deberán ser confirmadas por un equipo interdisciplinario en un plazo perentorio, en ocasión en el que el paciente no se encuentre capacitado para tomar esa decisión.
El anuncio fue formulado en una conferencia de prensa que encabezaron esta tarde las senadoras libertarias Patricia Bullrich (Capital), jefe de la bancada oficialista de la Cámara alta; Nadia Márquez (Neuquén) e Ivanna Arrascaeta (San Luis), presidentas de las comisiones de Legislación General y de Salud, respectivamente.
Ambas comisiones están convocadas a reunión plenaria para este jueves, a las 15, con el objetivo de tratar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. En ese encuentro se pondría a consideración el texto y, según afirmó Bullrich, tendría dictamen.
“Estamos trabajando para que haya quorum (en la reunión plenaria) y creemos que va a haber. Si hay quorum, vamos a tener dictamen y lo vamos a querer tratar la semana próxima en el recinto”, respondió la jefa de la bancada oficialista ante una consulta de LA NACION.
En la conferencia de prensa, que se celebró en el despacho de Bullrich, en el primer piso del palacio legislativo, las legisladoras explicaron en diez puntos los cambios sustanciales que se le introducirán al proyecto antes de llegar al recinto para su tratamiento por el pleno de la Cámara alta.
Uno de los puntos más destacados es la flexibilización de la exigencia psiquiátrica y la inclusión de un diagnóstico interdisciplinario como proceso obligatorio para la internación de personas con trastornos mentales o de adicciones.
En ese sentido, se permite que la evaluación de internación la realice un médico psiquiatra o con formación en salud mental, pero junto a un segundo firmante preferentemente psicólogo.
Además, se habilita la teleconsulta sincrónica para la intervención psiquiátrica y se reconoce la firma del psicólogo para la evaluación y concesión del alta del paciente.
Como se dijo, se mantiene la prohibición de manicomios o de realizar prácticas relacionadas con los viejos hospitales neuropisquiátricos.
Como parte de la negociación para obtener consenso, el oficialismo aceptó restituir el financiamiento nacional a las provincias. El Estado Nacional estará obligado a brindar cooperación técnica, económica y financiera a las provincias para la aplicación de la norma.
En el caso de internaciones e urgencia se establece un plazo de revalidación para internaciones de urgencia dispuesta por un solo médico ante riesgo grave, ya que se amplía el plazo de revalidación interdisciplinaria de 24 a 48 horas.
Por otra parte, se acepta el concepto de directivas anticipadas, por el cual se reconoce el derecho de las personas a declarar por anticipado su consentimiento o rechazo a tratamientos de salud mental y a designar representantes para el momento en que no puedan expresar su voluntad.
También se establece un régimen especial para niños y adolescentes con adicciones con equipos infanto-juvenil especializados.
Por otra parte, se establece la obligación de trazar un plan de egreso e internaciones prolongadas, por el cual se tendrá que establecer una hoja de ruta desde el diagnóstico inicial y se exige la intervención de oficio del Órgano de Revisión para internaciones que superen los 180 días.
