Qué paradoja, el país más poderoso del mundo, con la mayor tecnología y el arsenal más sofisticado, capaz de acertar con un dron a un blanco situado a cientos de kilómetros, como entre tantos ejemplos ocurrió con el jefe iraní de las fuerzas Quds en 2020, fue incompetente, sin embargo, para matar a una mujer indefensa, sentenciada en 1996 por un tribunal de Tennessee a morir por una inyección letal (pentobarbital, que deprime la respiración y la función coronaria hasta provocar la muerte). Como luego se supo, no le aplicaron una sino dos inyecciones. Se quejó de dolor, perdió el conocimiento, pero no murió. Fue trasladada con vida al hospital y ya dada de alta.
Segunda paradoja, el país que se ufana de ser un acérrimo defensor de los derechos individuales utilizó recursos materiales y humanos para ejecutar a una convicta treinta años después de dictada la sentencia, y ahora también utiliza tales recursos, pero para mantenerla con vida. ¿Acaso para poder intentar una nueva y exitosa ejecución?
Ante este fallido caso se han escuchado voces en Estados Unidos que proponen recuperar la silla eléctrica o los pelotones de fusilamiento. ¿El objetivo entonces es matar personas de manera más eficiente? ¿Se les ocurrirá tal vez atarles a los condenados collares con explosivos, volver a la hoguera o algún otro método igualmente atroz? ¿Qué daño les hacía a los estadounidenses que Christa Pike, ese es el nombre de la desdichada, pasara el resto de su vida encerrada en una prisión? ¿Es que no hay en esa rica nación aire suficiente para que todos respiren?
Como es sabido, no es el primer verdugo que fracasa. De hecho, Tennessee registra otra ejecución fallida este mismo año. Ya el célebre Víctor Hugo, en el prólogo a su libro El último día de un condenado, una oda en contra de la pena de muerte, escrito en 1829, recordaba el caso ocurrido en Pamiers, donde la guillotina del verdugo falló cinco veces, hiriendo gravemente pero no decapitando al condenado, que clamaba por su vida gritando “perdón” y suplicaba para que terminaran de cortarle la cabeza.
Pero han transcurrido 200 años y la barbarie se repite. Es que los estados no deberían dedicarse a matar personas. Matar está mal. Intrínsecamente mal. Moralmente mal. Está mal lo que hizo Christa Pike, claro, y por ello fue condenada, y mal está que el Estado de Tennessee haya pretendido aplicarle la pena de muerte. La vida es inviolable y la condena a muerte no es un derecho, sino la guerra de la nación contra un ciudadano, porque entiende necesaria la destrucción de su ser (Beccaria). Siempre ha correspondido a los verdaderamente fuertes y grandes cuidar a los débiles y pequeños. No exterminarlos.
Para delitos graves la prisión perpetua debería alcanzar, ciertamente en otro tipo de cárceles. Resulta, incluso, un castigo más severo que la muerte. Lo que es inadmisible es que exista un sistema fría y deliberadamente diseñado para quitar la vida de los propios ciudadanos. Máxime cuando ha habido numerosos casos de condenas a muerte de personas que resultaron inocentes (en los últimos cincuenta años en los Estados Unidos más de 190 personas recluidas en el corredor de la muerte fueron exoneradas tras demostrarse su inocencia).
Pero más allá del problema moral, irresoluble, el sistema, según dijimos, podría aplicarse a personas equivocadas o utilizarse de manera equivocada, como se ha visto. Y además sin ninguna finalidad práctica, pues está probado que no tiene efecto disuasivo (desde enero de 2026 han sido ejecutadas 29 personas en Estados Unidos).
No se trata de provocar simpatía por los condenados, por supuesto, sino de que los Estados respeten su dignidad de personas, la que ellos no respetaron para con sus víctimas. Pero el Estado no puede ponerse a la par y eliminar a sus ciudadanos. La pena de muerte, lejos de edificar al pueblo lo desmoraliza y destruye en él toda sensibilidad. ¿Es lo que se busca?
Esperemos que este lamentable y atroz caso sacuda la conciencia de los legisladores y la deroguen allí donde aún exista.
Profesor de derecho penal (UCA) y de compliance (Ucema)
