El Gobierno solicitó este martes medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar los trabajos de explotación de hidrocarburos que realiza el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte. La medida fue anunciada por la Oficina del Presidente y sostiene que lo que se busca es proteger los recursos naturales e impedir que las acciones británicas agraven la disputa sobre las islas
La presentación judicial se apoya en el Artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un recurso que permite solicitar la preservación de derechos o la prevención de daños mientras se constituye el tribunal arbitral definitivo. La iniciativa se suma al proceso arbitral impulsado por el Gobierno el 28 de septiembre de este año.
“La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”, concluye el comunicado, junto a la firma del presidente Javier Milei.
Tal como informó LA NACION, el reclamo fue llevado adelante por el director de la consejería legal internacional, Mario Oyarzábal, luego de vencer el plazo de dos semanas que la diplomacia le fijó al Reino Unido para frenar el proyecto Sea Lion, operado por las empresas Rockhopper y Navitas. También participaron de las consultas previas funcionarios de la Procuración del Tesoro, que encabeza Sebastián Amerio, y de la secretaría legal y técnica,
Altas fuentes de Cancillería enfatizaron a este diario que esta presentación es uno de los pasos de la estrategia del Gobierno por la cuestión Malvinas. Esta estrategia incluye, además, el envío al Congreso del denominado proyecto de defensa de la soberanía nacional −que endurece las sanciones contra empresas vinculadas a la explotación de recursos en Malvinas. También, la creación de una base naval integrada en Ushuaia y la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional. El 28 de septiembre pasado, por medio de un comunicado, el Presidente había anunciado la intimación formal al Reino Unido y afirmó en su cuenta de X: “Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”.
Ante la advertencia oficial, la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar británica, Uma Kumaran, rechazó la intimación y sostuvo que su país defenderá los derechos de “autonomía” de los habitantes de las islas.
Frente a esta escalada, diplomáticos consultados por LA NACION, calificaron la decisión como “arriesgada” al señalar que “ir a un tribunal internacional puede ser muy tramposo” y recordar que gestiones anteriores evitaron esta vía por temor a un fallo adverso.
En tanto, desde Cancillería remarcaron que se busca la intervención de árbitros independientes sin discutir la cuestión de fondo de la soberanía. “Si Londres sostiene que sus actividades se ajustan al derecho internacional, tendrá la oportunidad de demostrarlo”, afirmó el canciller Pablo Quirno.
Además, a través de su cuenta de X, el funcionario reiteró la invitación al Reino Unido a “retomar la mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”.
Qué es el Tratado del Mar
El fuero internacional en el que se radicó la demanda fue establecido a partir de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un tratado de 1982 que fija el marco jurídico para la administración de los océanos, el uso pacífico del mar y la gestión de sus recursos naturales.
La aplicación integral de este régimen cuenta con el auxilio de organismos especializados como la Organización Marítima Internacional y la División de Asuntos Oceánicos de la ONU.
Asimismo, la normativa del derecho del mar sumó en 2023 el acuerdo BBNJ sobre “conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina”. Este instrumento regula el reparto equitativo de los recursos genéticos marinos, la creación de áreas protegidas y la realización de evaluaciones de impacto ambiental.
Reacción británica
En coincidencia con esta presentación, el gobierno británico envió ante Interpol una solicitud para que rechace eventuales peticiones de Argentina “para detener a personas” vinculadas al proyecto Sean Lion. Según el diario británico The Guardian, el gobierno del Reino Unido “ha enviado una carta a la sede de Interpol en Lyon argumentando que las solicitudes de «notificación roja» presentadas por Argentina para la detención de estas personas —entre ellas, ciudadanos británicos— deben considerarse motivadas por razones políticas».
Según afirma el medio, “el gobierno británico está preocupado por lo que diversas fuentes han calificado como un intento de intimidar a personas y empresas para disuadirlas de operar en las Malvinas”.
Desde la Cancillería dejaron trascender a LA NACION que la estrategia británica de “demonizar” a la Argentina y plantearlo como “el malo de la película” es falaz. Negaron que se hubiese presentado pedido alguno de detención para los ejecutivos de las empresas que llevan adelante el proyecto Sea Lion. De hecho, en el artículo de The Guardian aparece una declaración de Andrea Clausen, directora ejecutiva del gobierno de las Malvinas, en la que confirmó que el uso de Interpol por parte de Argentina suponía “una amenaza”, aunque añadió: “Cabe esperar que Interpol no tome medidas necesariamente”.
