Una docente de nivel inicial quedó formalmente bajo la lupa de la Justicia, acusada de sustraer los artículos de librería que le asignaban para dar clases y comercializarlos por Facebook y WhatsApp. A pesar de la gravedad de la denuncia, la mujer actualmente ejerce en otro establecimiento educativo.
Este viernes se formalizó una investigación penal contra Rocío Sánchez, una docente de nivel inicial oriunda de Rivadavia, por la presunta sustracción y venta de bienes del Estado. La audiencia se desarrolló ante la jueza de Garantías Carolina Parra, donde el Ministerio Público Fiscal detalló el mecanismo con el que la maestra se habría lucrado a expensas de los recursos educativos de sus alumnos.
La investigación está en manos del fiscal Iván Grassi y la ayudante fiscal Victoria Martín, de la UFI Delitos Especiales Nro. 1. Durante la presentación del caso, relataron que los hechos salieron a la luz el 29 de abril, a raíz de la denuncia de otra docente que compartía funciones con la acusada en un jardín de infantes público.
Según la acusación, Sánchez se apropiaba sistemáticamente del material de librería y didáctico que la escuela le asignaba para trabajar en la sala. Lejos de que los útiles llegaran a los niños, la docente los publicaba para su venta a través de su perfil de Facebook y en sus estados de WhatsApp. La maniobra quedó registrada y la fiscalía cuenta hoy con las capturas de pantalla de dichas publicaciones como prueba fundamental del expediente.
El caso derivó primero en la intervención del Ministerio de Educación. El 16 de septiembre de 2025 se inició formalmente una investigación interna que terminó por radicar la denuncia penal ante la Justicia. Sánchez se encuentra actualmente trabajando frente al aula en otra escuela de la provincia.
La calificación legal que enfrenta la maestra jardinera es la de peculado. Esta figura penal, que prevé penas severas, se aplica específicamente porque, al ejercer la docencia en un establecimiento público, Sánchez reviste el carácter de funcionaria pública y tenía bajo su administración y custodia los bienes sustraídos.
Durante la audiencia, la imputada estuvo asistida por la defensora oficial Cecilia Mut Russo, quien actuó en subrogancia del defensor César Oro.
Finalmente, la jueza Carolina Parra resolvió dar por formalizada la investigación penal preparatoria, otorgando a la Fiscalía un plazo de 8 meses para concluir la instrucción. Asimismo, dispuso que la docente permanezca en libertad bajo la medida de coerción de promesa de someterse al proceso y no obstaculizar la investigación en curso.
