Casi ocho meses después del cierre de la empresa de neumáticos FATE, se definió que 24 empleados y sindicalistas serán sometidos a juicio por mantener ocupadas las instalaciones de la planta. Desde que la fábrica cesó en su actividad, un grupo de trabajadores e integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) se mantiene en el lugar, con una rotación permanente. La fábrica estuvo al borde del desalojo por una orden judicial que, luego, fue suspendida.
El juez de garantías de San Isidro Esteban Rossignoli elevó a juicio a 24 personas que forman parte de la ocupación de la planta de FATE en la localidad de Virreyes (San Fernando) y que integran la conducción del Sutna. Alejandro Crespo, secretario general del gremio, está entre los elevados a juicio. Los 24 están acusados de “turbación de la posesión” y “daño”, y uno de ellos, además fue acusado de “robo en grado de tentativa”, por el intento de robo de un celular.
“No desconozco que el llamado ‘cierre patronal’ o ‘lock out’ puede y debe tener consecuencias ante el fuero correspondiente y que incluso puede habilitar la adopción de medidas sindicales, aunque no creo que en esta ocasión nos encontremos simplemente frente a una medida legítima de acción sindical por parte de los imputados”, afirmó el juez en su resolución, a la que accedió LA NACION.
Rossignoli sintetizó que se produjo un “ingreso violento a la planta”, mediante “la rotura de un alambrado” y que se concretó una “permanencia por medios violentos en esa sede”. Subrayó, además, que “se ha perpetuado la permanencia de individuos en la fábrica y se ha impedido el normal ejercicio de diversas tareas de seguridad y mantenimiento que debían allí efectuarse”.
El juez indicó que, aproximadamente a las 6.40 del día del cierre de la planta, un grupo de empleados, “dirigidos” por Crespo, ingresaron y, “una vez en el interior, corrieron en dirección a uno de los edificios de la planta, donde violentaron mediante golpes de pie la puerta de acceso al depósito de recepción de materias primas, logrando su apertura e ingreso al sector”. Horas más tarde, consta en la resolución judicial, se produjo “una segunda intrusión”.
En el marco de la segunda intrusión que mencionó el magistrado, “siendo alrededor de las 11 horas del día 18 de febrero de 2026, en oportunidad de ingresar ilegítimamente al predio, Andrés Aguilar intentó sustraer el teléfono celular perteneciente a Facundo Gauna, quien se desempeña como supervisor de Protección Industrial de la firma, no logrando su cometido por razones ajenas a su voluntad, en virtud de la intervención de terceros -compañeros de trabajo del damnificado-, quienes impidieron la consumación del hecho”
Crespo criticó la decisión judicial. “Pretenden, por medio de la persecución y el hostigamiento judicial poner fin a una lucha justa contra un ilegal lockout patronal. No comprenden que los trabajadores no vamos a bajar la cabeza ante semejante injusticia. Madanes [Javier Madanes Quintanilla, dueño de FATE] tendrá mucho dinero y poder, pero los trabajadores tenemos la razón y toda la opinión pública lo sabe. Este conflicto ha alcanzado la atención y el apoyo de todo el pueblo trabajador argentino”, subrayó Crespo.
La planta de FATE se cerró el 18 de febrero, cuando los 920 empleados se encontraron en el ingreso con un letrero en el que se explicaba que el cese de actividades de debió a que “los cambios en las condiciones de mercado” son tales que “obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente”.
Luego del cierre, el Sutna montó una permanencia en la fábrica de FATE, con una porción de los empleados despedidos que alternan para mantener ocupado el lugar. El magistrado había determinado el desalojo el mismo día de cierre de la fábrica, tras un pedido del fiscal Marcelo Fuenzalida.
La decisión del desalojo fue apelada y quedó frenada. Pero, el 17 de septiembre, la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro (integrada por Juan Eduardo Stepaniuc, Leonardo Pitlevnik y Luis Cayuela) ordenó desalojar la fábrica de neumáticos. La orden no se cumplió de inmediato y el Sutna consiguió otro fallo que la frenó: la misma sala suspendió el desalojo al conceder un recurso de casación, por lo que la situación se resolverá en una instancia superior.
En paralelo a la ocupación de la fábrica, el Sutna le reclama a la jueza Liliana Rodríguez Fernández, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 17, que libere pagos de quincenas adeudadas, correspondientes a los meses que lleva cerrada la planta.
