María del Carmen Abascal, conocida por su entorno como Maricarmen, se convirtió este 23 de septiembre en el rostro visible de la crisis habitacional que atraviesa España. A sus 87 años, y tras residir en la misma propiedad del distrito madrileño de Retiro desde 1956, la mujer fue desalojada de su hogar. El procedimiento, ejecutado por la policía tras tres intentos fallidos previos, cerró un capítulo de tensión social que movilizó a cientos de vecinos y activistas del Sindicato de Inquilinas durante meses. Este miércoles, al conocerse su muerte, la historia de su vida volvió a conmocionar a todos.
La historia de Maricarmen en el departamento comenzó con el contrato original que firmó su padre. Tras el fallecimiento de sus padres, mantuvo la ocupación mediante una subrogación de las condiciones originales. Sin embargo, el escenario cambió en 2018. El inmueble pasó a manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, una empresa dedicada a la gestión de activos, que cuestionó la validez de dicha subrogación. El conflicto escaló cuando la inmobiliaria exigió un incremento del 275 por ciento en la renta mensual, lo que elevó el costo de 500 euros a 1650 euros. Para Maricarmen, cuya pensión alcanza los 1350 euros, el pago resultaba inasumible. Pese a la presión, la mujer sostuvo el abono de los 500 euros originales, lo que demostró su voluntad de permanecer en el hogar donde pasó gran parte de su vida.
La abogada de la mujer, Beatriz Duro, informó que incluso apareció un donante anónimo con la intención de cubrir la diferencia reclamada por la empresa, pero Urbagestión rechazó cualquier negociación. Este punto de inflexión radicalizó la postura de ambas partes y transformó la disputa contractual en una causa social de alcance nacional. Figuras destacadas de la cultura española, como Rozalén, Ismael Serrano, Juan Diego Botto, Facu Díaz y Alberto San Juan, se sumaron a las protestas organizadas frente al edificio. Los activistas llegaron a interrumpir actos oficiales de la ministra de Vivienda para visibilizar la vulnerabilidad de la pensionista.
El camino hacia el desalojo fue complejo. El primer intento ocurrió en octubre de 2025, pero la resistencia vecinal logró frenarlo. Posteriormente, las fechas del 3 de junio de 2026 y del 24 de ese mismo mes también terminaron en postergaciones. En el transcurso de estos meses, el Comité de la ONU pidió la suspensión del proceso hasta que las autoridades garantizaran una alternativa habitacional digna. Según el Sindicato de Inquilinas, un juzgado de Madrid desatendió esta recomendación internacional, lo que permitió que la orden se ejecutara este 23 de septiembre. La jornada comenzó temprano, con el despliegue policial alrededor de las 7:30 de la mañana. Para las 10:45, los agentes forzaron la entrada y dispersaron con gas pimienta a los manifestantes que custodiaban el acceso.
Maricarmen, quien tenía un 50 por ciento de discapacidad, rechazó diversas ofertas de los servicios sociales, tales como residencias públicas o pisos tutelados. Su insistencia fue clara: deseaba permanecer en la casa que ocupó durante toda su vida. Finalmente, cerca de las 13:05, la mujer salió del edificio en una camilla y fue trasladada en ambulancia a un centro de salud debido a su frágil estado de bienestar. Sin embargo, la presión, el estrés y su edad provocaron que su salud entrara en un túnel sin salida. Este miércoles, se confirmó su muerte.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
