Apenas unos días después de reabrir las puertas de Sur Finanzas, el nuevo juez de la causa, Tomás Rodríguez Ponte, le prohibió este lunes a Ariel Vallejo que preste “servicios financieros” y comunicó la decisión a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Vallejo había reabierto el jueves pasado una sucursal en la localidad de Canning, con los servicios recortados.
“La prohibición alcanza también su inscripción, constitución, integración o participación, bajo cualquier forma o carácter (socio, accionista, director, administrador, apoderado o empleado jerárquico), en proveedores de servicios de pago (PSP) o en cualquier otra entidad que preste servicios financieros, mientras dure la medida”, aclara la resolución a la que tuvo acceso LA NACION.
Rodríguez Ponte, el nuevo juez de la causa, también ordenó este lunes una serie de operativos a través de la Policía Federal en San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors, tres de los clubes que tenían vínculo con Sur Finanzas, para secuestrar documentación bancaria, financiera y comercial desde que fueron autorizados por el juez anterior, Luis Armella, hasta treinta después.
También se libraron órdenes de presentación en Pagos y Transferencias SA, Cobros Express Buenos Aires SA, Cobranza Integral SA, Aga Group SA, entre otras sociedades.
San Lorenzo recibió más de $1900 millones de Sur Finanzas. Las transferencias millonarias se depositaban en una cuenta del Banco Industrial. A cambio, el club de Boedo emitía un pagaré a favor de la financiera. A cambio, la financiera de Ariel Vallejo cobró más de $100 millones en concepto de intereses.
En los últimos días, Vallejo había levantado el perfil con motivo de la reapertura de Sur Finanzas, la financiera que lo llevó a codearse con figuras del fútbol como el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. “Hace un tiempo me habían quitado la posibilidad de trabajar. Hoy tengo el privilegio de pensar en volver a abrir las puertas mañana. ¡Volvimos a poder hacer lo que mejor sabemos: trabajar y dar oportunidades!“, posteó el financista el jueves pasado en sus redes sociales.
Todo comenzó con una resolución del juez Armella, en agosto pasado, en una causa conexa donde se investiga a exdirigentes de Banfield, acusados de haber montado una estructura criminal entre 2019 y 2024 para desviar fondos del club. En ese expediente, Armella ordenó la falta de mérito de los imputados. Tras esa decisión, el financista comenzó a idear un plan para volver a operar. Y terminó reabriendo una sucursal en un shooping de Canning el jueves pasado.
Vallejo llegó a tener más de veinte sucursales, especialmente en el Gran Buenos Aires, pero tuvo que cerrarlas luego de la investigación de LA NACION y de una avalancha de causas judiciales en su contra. La principal es la que tramita en Lomas de Zamora, pero también se lo investiga en los expedientes sobre el “rulo financiero” que se concentraron en el juzgado de Ariel Lijo.
Los autos de lujo
Rodríguez Ponte también ordenó que los autos secuestrados en el marco de la causa principal sean entregados a la Corte Suprema, para que cumplan una utilidad social en diferentes áreas de la Justicia u organismos de seguridad. El listado de vehículos incluye cuatro camionetas Toyota, tres Audi y la Ferrari California descapotable negra, que Vallejo estacionaba en la puerta de la casa central.
“La conexión con el lavado se perfecciona y agrava con la maniobra de ocultamiento posterior: a solo diez días de los allanamientos judiciales, teniendo pleno conocimiento de la investigación, Vallejo simuló la venta de dicha Ferrari a una mujer jubilada de 73 años por el mismo monto en que había sido adquirida, evidenciando una maniobra fraudulenta para eludir embargos”, dijeron los fiscales Incardona y Velasco al pedir la indagatoria de Vallejo.
La decisión de entregarle los autos a la Corte Suprema es parte de una batería de medidas en la causa iniciada en noviembre pasado, tras la denuncia de ARCA, por presunta evasión impositiva y lavado de dinero. La pesquisa busca determinar si fue genuino y tributado el movimiento de cerca de $818 mil millones de pesos a través de la billetera virtual de su grupo de empresas, Sur Finanzas PSP, que sigue inhabilitada.
En otra resolución, a la que tuvo acceso LA NACION, Rodríguez Ponte, el nuevo juez del juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, le pidió a ARCA un informe detallado de las personas físicas y jurídicas que operaron a través de la PSP de Sur Finanzas para determinar si tenían solvencia económica.
En ese listado aparecen algunos de los “soldaditos” que detectaron los sabuesos del fisco. Ese término alude a personas de bajos ingresos que, en los papeles, figuraban con montos elevados operando a través de la billetera virtual de Vallejo.
“Gran parte de los contribuyentes que surgen en los cruces no poseen la sustancia económica o financiera en relación con montos informados de gran magnitud. Se presume la interposición de personas para ocultar la identidad de los verdaderos titulares de fondos”, dice un informe que sostenía la denuncia.
En ese sentido, la causa judicial incorporó al menos cuatro casos de personas que negaron haber realizado las operaciones a través de Sur Finanzas.
Uno de esos casos es el de un hombre cuyas iniciales son M.A.C., a quien se le atribuye haber sacado un préstamo de $500 millones; sin embargo, negó ante la Justicia haber realizado esa operación. Algo similar ocurre con F.J.P, quien desconoció haber tramitado un crédito de $133,1 millones que figura a su nombre.
La lista no termina ahí. S.L.F dijo que ya había dado de baja su cuenta cuando le imputan un préstamo de $485 millones. Incluso, otra persona, de iniciales R.B., sostuvo que nunca tuvo relación con Sur Finanzas, que jamás abrió cuenta ni autorizó a terceros a que lo hagan en la billetera virtual de Vallejo, y manifestó que le usaron sus datos.
