Un completo trabajo de la Cámara Nacional Electoral sobre la caída de la participación política y electoral en la Argentina constituyó una señal de alarma y un llamado a la introspección por parte de quienes hacen política, para intentar revertir esa tendencia. También, una invitación a reflexionar sobre la obligatoriedad del voto.
Las últimas elecciones legislativas nacionales, llevadas a cabo el 26 de octubre del año pasado, dieron cuenta del más bajo porcentaje de concurrencia a las urnas desde el retorno de la democracia en 1983. Asistió a votar alrededor del 67,8% de los ciudadanos empadronados, cuando cuatro años antes, el presentismo electoral había sido del 71%, pese a que los comicios se desarrollaron en el contexto de la pandemia.
El dato más sorprendente del citado estudio guarda relación no solo con la caída de la participación electoral en la población más joven, sino también con un dato desconocido hasta ese momento, vinculado con la bajísima tasa de afiliación a los partidos políticos en ese segmento de la sociedad.
En los últimos comicios de diputados y senadores nacionales, el ausentismo en la franja de 18 a 30 años alcanzó el 34,5%. Se trata de un crecimiento significativo, ya que en las elecciones de 2023 había sido del 21,9%; en 2021, del 27,9%; en 2019, del 16,9%, y en 2017, del 19,8%.
La tendencia declinante de la participación electoral también se manifiesta en el segmento de los jóvenes de 16 y 17 años de edad, que no tienen la obligación de votar pero sí el derecho a hacerlo. Este voto joven fue incorporado al Código Nacional Electoral en 2012, mediante una ley que reconoció como electores a los argentinos nativos y por opción desde los 16 años, siempre que hayan actualizado su documento nacional de identidad desde los 14 años.
A la preocupante caída la participación electoral se suma la marcada reducción de la tasa de afiliación a partidos políticos, particularmente entre los jóvenes
Junto a la caída en la participación electoral que se ha verificado en los últimos años, la Cámara Nacional Electoral advirtió sobre un fenómeno mucho más imperceptible: la reducción de la tasa de afiliación a partidos políticos, particularmente entre los jóvenes. Si bien quienes tienen entre 18 y 30 años representan la cuarta parte del electorado, solo uno de cada 14 afiliados a fuerzas políticas (el 7,2%) pertenece a ese segmento etario. Esta tendencia se observa de manera mucho más marcada aún entre los jóvenes de 16 y 17 años: apenas el 0,01% de ellos está afiliado actualmente a un partido político.
La conclusión del trabajo de la Cámara Nacional Electoral es que estos últimos datos señalan una desconexión de la juventud con la política que va más allá de las urnas y se extiende a la vida interna de las organizaciones partidarias. Todo un desafío para una dirigencia que, muchas veces, se resiste a la renovación.
De allí que resulte alentadora la decisión de los camaristas electorales de haber iniciado una ronda de reuniones con organizaciones no gubernamentales y con especialistas del mundo académico, con el propósito de analizar el proceso de caída en la participación electoral y de alejamiento de los jóvenes de la vida política, y coordinar posibles acciones para revertirlo. De esta convergencia han participado representantes de organizaciones como Argentina Debate, la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Conciencia, Cippec, la Fundación Universitaria del Río de la Plata, Pulsar, Chequeado, la Red Ser Fiscal, la Sociedad Argentina de Análisis Político, el Instituto de la Democracia y Elecciones y la UBA, entre otras entidades vinculadas a la educación cívica, además de empresas como Google y Meta.
Alentar la participación y el control ciudadano de los actos de gobierno es imprescindible para mejorar la calidad de las instituciones en una democracia. Medidas tales como la modificación del decreto 222/2003 para eliminar los mecanismos de participación ciudadana previos a la designación de jueces de la Corte Suprema resultan, en tal sentido, inconducentes y deterioran la calidad institucional.
Si bien la caída en la participación electoral puede ser una tendencia propia de muchos países democráticos, en la Argentina es especialmente inquietante este fenómeno entre los jóvenes, puesto que el voto tiende a ser un comportamiento socializado que se aprende desde temprana edad. Sin duda, la desconfianza que la dirigencia política genera en la ciudadanía ha estado calando hondo entre las nuevas generaciones.
Distintas voces, desde hace bastante tiempo, han sostenido la necesidad de que el voto deje de ser obligatorio para pasar a ser voluntario. Nuestra Constitución nacional establece, en su artículo 37, que el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. No obstante, el Código Nacional Electoral y las leyes que reglamentan el ejercicio del voto determinan que este es optativo para los mayores de 70 años y para quienes tienen entre 16 y 17.
Existen estudios internacionales, tales como los realizados en las elecciones distritales de Quebec, Canadá, en 2007, que parecieron demostrar que cuando un joven se ve obligado a votar, su atención a la política o su conocimiento sobre ella no necesariamente se incrementa.
Los interrogantes que surgen en función del debate acerca de la conveniencia o inconveniencia del voto obligatorio son muchos. Hay quienes sostienen que sustituirlo por la voluntariedad absoluta no hará más que profundizar el desinterés en la política, al tiempo que creen que cuando el voto es visto como un deber, más gente tiende a informarse antes de votar. En la otra vereda, están quienes consideran que el voto obligatorio simplemente hace que aumente el número de votantes mal informados.
En favor del voto no obligatorio se pronuncian quienes creen que, frente a la posibilidad de que un régimen optativo de votación aleje a cada vez más potenciales votantes, los partidos políticos buscarán mejorar su oferta electoral y abrirán sus puertas para que más ciudadanos participen.
Se trata de un debate complejo de alcance global que, como en otras partes del mundo, probablemente llegue a la Argentina una vez que se resuelvan cuestiones más urgentes en materia electoral, entre las que figuran la necesidad de generalizar mecanismos que apunten a terminar con el clientelismo político, como extender la boleta única a todo el país, y a mejorar la calidad de nuestros representantes, como la ficha limpia.
