La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires (AABA) alertó que existe un riesgo concreto para la libertad de expresión en la Argentina a partir de las reiteradas agresiones del presidente Javier Milei contra periodistas. Habló de un “hostigamiento” que puede generar autocensura y generar un mecanismo de intimidación directo para los comunicadores.
El organismo, que preside Juan Pablo Zanetta, manifestó su profunda preocupación por la actitud reciente del jefe del Estado hacia periodistas como María Eugenia Duffard, Jésica Bossi y Fernán Saguier, director periodístico del diario LA NACION.
“El peligro real es que el miedo a convertirse en el próximo blanco termine por condicionar las preguntas, las investigaciones y las opiniones”, afirmaron los abogados por medio de un documento difundido en las últimas horas.
A su vez, sumaron una reflexión contundente sobre esta amenaza institucional: “La autocensura no requiere de una orden explícita, sino que se instala sola cuando el precio de informar pasa a ser la exposición al hostigamiento”.
Para los letrados, el debate público avala por completo cuestionar a la prensa o criticar una investigación. Sin embargo, fijaron un límite claro: “Una cosa es la confrontación de ideas y otra, muy distinta, es recurrir al insulto personal y exponer públicamente a quienes ejercen la tarea de informar”.
El reclamo se centra específicamente en la investidura de quien profiere las descalificaciones. “El uso del insulto y la injuria adquiere su mayor gravedad cuando quien los emite es el Presidente de la Nación. La enorme asimetría de poder amplifica el alcance del agravio y exige a la máxima investidura actuar con especial mesura”, puntualizaron.
La declaración sustentó su postura con fallos históricos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal protege el debate apasionado, pero rechaza la violencia verbal. “La libertad para criticar no es una ‘patente de corso’ para vulnerar la dignidad de las personas, no hay un ‘derecho al insulto’ ni a la humillación gratuita”, recordaron de manera taxativa.
De esta forma, precisaron los márgenes constitucionales vigentes ante las discusiones públicas. “La tutela constitucional se extingue cuando la confrontación de ideas es sustituida por el empleo de epítetos denigrantes, injuriantes o locuciones ajenas al interés público”.
Auditar al poder
El texto hizo un especial hincapié en cuidar la tarea informativa diaria. “El periodismo de investigación es un pilar insustituible para la salud institucional de la República. Su función esencial no es complacer al gobierno de turno, sino auditar el uso de las atribuciones”, enfatiza.
Sobre el cierre de la declaración, la AABA defendió la transparencia de los actos de gobierno: “Sin investigación independiente, la transparencia se debilita y la rendición de cuentas desaparece. La democracia requiere de una prensa libre, capaz de incomodar al poder”.
Finalmente, repudiaron la descalificación personal en reemplazo del debate. “Ninguna autoridad del Estado se halla exenta del deber primario de respetar las libertades fundamentales que sostienen el Estado de Derecho”, concluyó la institución.
