Hace ya 14 años que se confirmó el enorme potencial productivo de la formación Vaca Muerta para la explotación no convencional de hidrocarburos, pero esa bendición geológico-económica recibida por la Argentina vino tropezando con las políticas pendulares de los gobiernos que fueron sucediéndose desde entonces.
Una prueba es que hasta no hace más de cuatro años estuvo virtualmente frenada la inversión pública y privada en obras de infraestructura imprescindibles, como ductos y caminos de acceso para aprovechar al máximo esos yacimientos. Ya sea para abastecer de gas natural a más centros de consumo y sustituir costosas importaciones de GNL, o, en el caso del petróleo, transportar insumos y equipos para incrementar la producción y las exportaciones de crudo y GNL a gran escala.
Esas cuentas pendientes están comenzando ahora a ser saldadas con reformas de fondo, en varios casos impulsadas por los récords de producción en la formación neuquina. Según el Instituto General Mosconi (IAEGM), en agosto la extracción de crudo en Vaca Muerta concentró el 72% del total del país y la de gas natural llegó al 62%.
Uno de los cambios clave, anticipados por esta columna a fin de marzo, fue la decisión oficial de reconfigurar el sistema de transporte de gas, a fin de promover contratos directos de obras de infraestructura por iniciativa privada en reemplazo del rol excluyente asignado a la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) a comienzos de esta década.
La revisión implicó reasignar capacidades por distribuidora, ya que el grueso de la producción surge de la Cuenca Neuquina. Un escenario diametralmente opuesto al de la década del ’90, cuando la Cuenca Norte y las importaciones desde Bolivia concentraban gran parte de la oferta de gas natural, hasta que fueron declinando progresivamente y dejaron contratos incumplibles y distorsiones que encarecieron costos para industrias del Litoral y Centro del país. En este marco, también se acordó con las transportadoras de gas del Sur (TGS) y del Norte (TGN) la rescisión de los contratos con Enarsa sobre el gasoducto troncal de Vaca Muerta y activar nuevas inversiones privadas, principalmente de capitales nacionales.
Otros nombres y políticas
Este giro de la política gasífera tuvo su punto de partida simbólico hace dos años, con el decreto de Javier Milei que rebautizó Perito Moreno (GPM) al entonces gasoducto Néstor Kirchner (GNK). El primer tramo entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires), de 573 kilómetros, había sido concesionado en 2022 a Enarsa, que adjudicó su construcción contrarreloj como obra pública para que fuera inaugurado el 9 de julio de 2023 por Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa en virtual campaña electoral.
No sólo se trató de un cambio de nombres. La ampliación de la capacidad de transporte de ese tramo está siendo realizada ahora por iniciativa privada -un régimen que Mauricio Macri ensayó en 2019, el gobierno K anuló y la ley Bases rescató-, tras haberse adjudicado hace un año la propuesta presentada por Transportadora de Gas del Sur (controlada por Pampa Energía y la familia Sielecki).
La obra, con tres nuevos compresores, elevará la capacidad del GPM de 21 a 35 millones de metros cúbicos diarios de gas procedente de VM hasta Salliqueló, junto con una ampliación que aportará 12 millones de m3/diarios en los tramos finales del sistema para llegar a centros urbanos del AMBA y el Litoral.
Con su inversión privada de US$500 millones y adhesión al RIGI aprobada este año, TGS estima que la ampliación estaría operativa en el invierno de 2027 y permitiría un ahorro estimado entre 500 y 700 millones de dólares anuales al reemplazar importaciones de GNL y combustibles líquidos. Además, dejó sin efecto el segundo tramo del GPN entre Salliqueló y Cardales (Buenos Aires) y su conexión con Rosario prevista en el proyecto original.
Por su parte, Transportadora de Gas del Norte (cuyos accionistas son Tecpetrol y CGC, del grupo Eurnekian) anunció a mediados de septiembre el tendido de un nuevo gasoducto: el General Manuel Belgrano (GMB), de 753 kilómetros, entre Tratayén y La Carlota (Córdoba) dividido en dos tramos, también por iniciativa privada y solicitud de adhesión al RIGI por la inversión que oscilaría entre 1500 y 2200 millones de dólares con obras complementarias en su actual red.
Como informó LA NACION, la capacidad inicial será de unos 13 millones de metros cúbicos diarios (m3/d), calculada en función de la demanda de industrias, centrales eléctricas y exportaciones a países vecinos. Las obras incluyen además 147 kilómetros de loops (tramos paralelos al ducto existente) que atravesarán las provincias de Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, así como cinco plantas compresoras que ampliarán la capacidad del sistema en 14 millones de m3/día, que podría ampliarse con una nueva planta compresora en Tratayén.
Según estimó TGN, el GMB permitirá reducir en US$700 millones anuales las importaciones de GNL y gasoil, abrir exportaciones de gas natural a países vecinos por US$450 millones por año y emplear a 2000 personas en su pico de actividad. Tras la adjudicación formal, que se prevé para noviembre próximo, las obras comenzarían en abril de 2027 y su puesta en funcionamiento en abril de 2029.
Hace dos años, la compañía comenzó a operar y mantener los 122,5 kilómetros del nuevo Gasoducto de Integración Federal (CIF), que une las estaciones compresoras cordobesas de La Carlota (conectada con el Gasoducto Centro Oeste) y Tío Pujio (con el Gasoducto Norte) –ambas del sistema TGN-, cuya reversión permitió revertir el flujo de 15 millones de m3/diarios de gas natural desde Vaca Muerta hasta el NOA, Bolivia y Brasil, así como derivar parte a la zona de Timbúes (Santa Fe), donde se ubican dos centrales térmicas de ciclo combinado que serán privatizadas por Enarsa.
Rutas neuquinas con aportes privados
Otra novedad, en este caso de infraestructura vial, es la construcción del bypass de Añelo para desviar el tránsito pesado y evitar el ingreso al casco urbano de la localidad, donde ya se inauguró el parque industrial de Vaca Muerta. La reparación de rutas provinciales aledañas, deterioradas y colapsadas, para ser transformadas en corredores viales, fue propuesta como esquema de articulación público-privada por 10 compañías líderes integrantes de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) para financiarlas a través de un fideicomiso privado y donarlas a la provincia.
Con reserva de identidad, fuentes de la industria petrolera revelan que, en realidad, esta iniciativa surgió como contrapropuesta a la primitiva idea del gobernador neuquino, Rolando Figueroa, de cobrar un impuesto de un dólar por barril de crudo para destinar a infraestructura vial. Tras el acuerdo, el fideicomiso privado llamó a licitación, recibió 9 ofertas y adjudicó la construcción -que ya está en su etapa final- a la UTE Luis Losi & Rovella Carranza. El esquema prevé que la provincia se hará cargo de la instalación y cobro de peajes, que se derivarán al fideicomiso hasta recuperar la inversión, calculada en US$50 millones.
Tras un segundo acuerdo con la CEPH, firmado hace un mes en Buenos Aires, el gobernador Figueroa envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley que modifica el sistema anterior.
En este caso, se crea un nuevo fideicomiso con 13 petroleras que prefinanciarán la construcción y repavimentación de dos corredores viales estratégicos en la zona de Añelo y Rincón de los Sauces (rutas provinciales 8 y 51) que estará a cargo de la provincia. Lo harán a través de una cuenta especial dentro de un fideicomiso, que desembolsará fondos por certificación de obra computables como anticipos y a los 30 meses se aplicarán al pago de regalías. La suma de montos comprometidos individualmente por las compañías totalizaría algo más de US$177 millones.
