Los jueces de la Corte Suprema de Justicia fueron blanco ayer de una protesta en San Martín de los Andes, donde participaron de un encuentro con magistrados de tribunales orales de todo el país. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti fueron cuestionados por el fallo que provocó que ya no rija más el límite a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
El fallo desató críticas al máximo tribunal y una dura reacción contra el Gobierno en el Congreso, donde la oposición busca hacer caer todo el megadecreto 70/2023, que incluye la derogación de la ley de tierras, derogación que con la sentencia de la Corte recobró vigencia.
Ayer, el máximo tribunal dio a conocer un comunicado en defensa del fallo. Horas después, se realizó una protesta frente al hotel Le Village, en San Martín de los Andes, donde se celebró la reunión de magistrados. El reclamo fue promovido por el gremio estatal de ATE y la agrupación Frente Patria Grande, vinculada al kirchnerismo. Hubo pancartas y afiches contra los jueces, que fueron acusados de “vendepatrias”.
Lorenzetti ya no estaba cuando fue el epicentro de la protesta, ayer por la tarde, y Rosatti todavía no había llegado (se sumó este viernes). Sí se encontraba en el lugar Rosenkrantz, que expuso a las 16 y realizó un llamado a reformar el sistema de selección de jueces.
“Hay que tener temple para soportar las críticas a los fallos”, dijo Rosenkrantz anoche. Lo hizo tras la manifestación, pero también luego de que la propia Corte Suprema difundiera el comunicado, de cuya redacción y difusión Rosenkrantz no participó, en defensa de la sentencia vinculada a la ley de tierras.
El comunicado, dado a conocer por las vocalías de Rosatti y Lorenzetti, estuvo destinado a “aclarar las dudas” que, según afirmó, se generaron en relación con la sentencia del martes. En su declaración, la Corte criticó a quienes, para “presionar sobre el tema” de la ley de tierras, promovieron “discursos de odio y descalificación en las redes sociales”.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación -dice el comunicado-, continuando con su política de lenguaje claro, se dirige a la opinión pública con la finalidad de despejar dudas que se han generado en relación a la sentencia dictada en la causa ‘Cecim c. el Gobierno Nacional”. Advierte que en el caso “sólo se decidió un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar” y dice que la resolución de la Corte “se ajusta estrictamente” a todos los precedentes del tribunal.
El texto sostiene que “la sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales” y que “tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente”.
Si bien circuló como un comunicado de la Corte Suprema, no lo hizo por los canales oficiales del tribunal y en la vocalía de Rosenkrantz informaron a LA NACION que este juez no participó ni consintió la redacción ni la difusión de ese material.
Para el martes próximo, las dos vertientes de la CTA convocaron a una protesta en el Palacio de los Tribunales con la consigna “la patria no se vende, la soberanía no se entrega”. La CGT, en tanto, no definió aún una postura común y mantiene en pie su protesta del jueves 8 “en defensa de la industria nacional”, que tiene como blanco la Secretaría de Industria.
El reclamo de Rosenkrantz
Mientras los manifestantes protestaban frente al hotel Le Village, Rosenkrantz, adentro, exhortaba a sus colegas a “mejorar el proceso de selección de magistrados”.
“La Corte ha intentado, al proponer un nuevo reglamento, ayudar al Consejo de la Magistratura a garantizar que los jueces que se elijan sean los mejores candidatos”, dijo, en alusión al proyecto que él y Lorenzetti enviaron al Consejo para limitar la discrecionalidad en el sistema de selección. Lo mandaron con la expresa pretensión de que fuera aprobado sin cambios sustanciales y cuanto antes, pero el Consejo no se mostró dispuesto a ninguna de las dos cosas. El propio Rosatti, que preside la Corte y también el Consejo, dijo que el proyecto iba a ser “enriquecido” por otras iniciativas, nuevos debates y las opiniones de especialistas de distintas ONG que pidieron ser escuchadas.
Rosenkrantz afirmó ayer que su propuesta de reglamento había sido articulada “alrededor de la convicción” de que el proceso actual “no testea los conocimientos generales de derecho de los aspirantes a la magistratura”, “carece de criterios claros” para evaluar los antecedentes de los jueces y no tiene las debidas herramientas para evaluar “los rasgos personales que son indicadores de competencia y de compromiso con la tarea apropiada de un juez”. También destacó que hoy la evaluación escrita que se toma a los postulantes “no ofrece garantías reales de objetividad” y que “el sistema de entrevistas permite alterar el orden de mérito con consideraciones que no son de mérito”.
Rosenkrantz les reclamó a los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura que impulsen la reforma. “Aquí están presentes casi todos los jueces candidatos a consejeros del Consejo en las elecciones que se celebrarán en las próximas semanas. Votemos a aquellos que se comprometan a estar a la altura de los requerimientos de la hora”, dijo.
