Cristina Kirchner tiene un problema: la libertad no está inscrita en el horizonte cercano de su vida. ¿Justifica eso que ayer haya mentido una y otra vez frente al tribunal que juzgará la llamada causa de los cuadernos en lugar de haber practicado una defensa más técnica y precisa? No, desde ya. Pero los alegatos políticos, a los que nos tiene acostumbrados en sus espectáculos ante los jueces, conllevan el objetivo de movilizar a una militancia propia cada vez más escasa y de despertar a la mayoría de la dirigencia peronista que se alejó de su liderazgo. La primera afirmación que hizo consistió en que ahora está “injustamente detenida”, y eso no es cierto. La resolución del tribunal oral que la juzgó por el caso Vialidad, y su complicidad con el empresario Lázaro Báez, fue revisada luego por instancias superiores de la Justicia, incluida la Corte Suprema de Justicia, que ratificó la condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Está condenada por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y no por haber sido jefa de una asociación ilícita, delito este del que fue acusada por los fiscales Diego Luciani, del tribunal oral, y Mario Villar, de la Cámara de Casación, cuando este último apeló ante la Corte Suprema. Villar le pidió al máximo tribunal que la condene a la expresidenta por un delito más grave, como es el de la asociación ilícita. ¿Se equivocaron todos los jueces y fiscales que tuvieron en sus manos la causa por la que está presa? ¿O, acaso, todos se conjuraron en una conspiración contra la lideresa del peronismo y de la progresía nacional? Esta deducción, tan propia de ella, resulta imposible de imaginar porque fue condenada por el tribunal oral cuando gobernaba el país una diarquía integrada por el entonces presidente Alberto Fernández y por la propia viuda de Kirchner, vicepresidenta del país en ese momento.
