La Cámara de Diputados bonaerense es protagonista de un escándalo institucional de extrema gravedad. Acaba de conocerse que, durante una sesión realizada en mayo último casi a escondidas, sin debate y mediante un procedimiento expeditivo, la amplísima mayoría de legisladores decidió archivar las actuaciones que podían permitirle a la Justicia saber quiénes habían designado a los empleados fantasma cuyos salarios terminaba cobrando el puntero Julio “Chocolate” Rigau, de conocidos lazos políticos con el Frente Renovador y el Partido Justicialista provinciales.
La Legislatura había recibido un requerimiento judicial en ese sentido y eligió no responderlo, archivando las actuaciones, es decir, intentado sobreseerse a sí misma. Conocida públicamente tan artera como burda maniobra, ejecutada por el grueso de los diputados, el juez de Garantías Guillermo Atencio denunció a las autoridades de la Cámara por encubrimiento, al considerar que lo decidido podía implicar ocultamiento de pruebas y entorpecimiento de la investigación.
La obscenidad institucional no terminó allí. Aquella decisión de mayo pasado, cuando finalmente el cuerpo legislativo decidió empezar a sesionar tras largos meses de abulia, fue adoptada sobre tablas, sin debate, dentro de una votación general que comprendió miles de resoluciones administrativas. El expediente que interesaba a la Justicia quedó así sepultado entre papeles, como si la burocracia pudiera convertirse en refugio y excusa para negar una información que el Poder Judicial reclamaba desde hacía más de un año.
Hay algo todavía más denigrante: a la hora de votar por barrer la basura debajo de la alfombra y evitar ser alcanzados por la ley, en el recinto estaban representadas prácticamente todas las fuerzas políticas de la Cámara. Unión por la Patria, La Libertad Avanza, Pro, la UCR y Coalición Cívica participaron de aquella jornada. Según lo informado, el único diputado que se opuso fue Cristian Castillo, del Frente de Izquierda.
Resulta erróneo, entonces, reducir este episodio a una disputa entre oficialismo y oposición. La gravedad del asunto reside precisamente en su carácter transversal, ya que, frente a una investigación que podía comprometer a dirigentes de distintos espacios, una mayoría variopinta optó por cerrar el expediente interno.
El caso nació el 13 de septiembre de 2023, cuando Rigau fue encontrado retirando dinero de 48 tarjetas de débito ajenas en cajeros del Banco Provincia. Lo que apareció entonces fue la punta visible de un mecanismo que, según la investigación, involucraba a casi medio centenar de personas formalmente incorporadas a la Legislatura.
Rigau quedó señalado como el hombre encargado de retirar esos salarios. La investigación lo vinculó con Claudio Albini, entonces funcionario de la Cámara de Diputados, y con su hijo Facundo Albini. La hipótesis fiscal sostiene que no se trató de una irregularidad aislada, sino de una estructura organizada para defraudar al Estado provincial.
La fiscal Betina Lacki había solicitado los llamados “memos de designación” para determinar quién había contratado a esos agentes. Después de reiteradas dilaciones, Atencio había ordenado la presentación de la documentación. Y Diputados decidió cerrarle la puerta a la Justicia para ponerse a salvo.
El Senado bonaerense tampoco sale indemne de este tipo de episodios. Durante meses, no trató el pedido judicial de desafuero de la entonces senadora radical Flavia Delmonte, acusada de haber encabezado un entramado de ñoquis y prestanombres que entregaban parte de sus salarios. El pedido de la Justicia sobre esa investigación ni siquiera obtuvo tratamiento parlamentario. La coincidencia es demasiado significativa como para ignorarla.
Cuando una investigación penal roza el funcionamiento interno de las cámaras legislativas, aparecen demoras, fueros, expedientes archivados y argumentos burocráticos. La institución que debería ser ejemplo de transparencia termina levantando barreras frente a la institución encargada de investigar.
Son viejas y nefastas prácticas de la política argentina: proteger al propio, cerrar filas, administrar los tiempos, convertir las prerrogativas en privilegios y confiar en que el silencio y la obstrucción logren que todo se diluya.
También la Justicia debe hacerse cargo de su parte. Las demoras, las dilaciones y la dificultad para obtener información esencial alimentan una sensación de impunidad que ninguna República puede tolerar.
La denuncia de Atencio no puede convertirse en otro expediente que duerma en algún despacho. Debe investigarse sin excepciones derivadas del poder político de los involucrados. Creer que una votación parlamentaria puede hacer desaparecer responsabilidades en un hecho penal que involucra a sus propios miembros es de inusitada gravedad.
El caso Rigau exhibió un mecanismo que habría estado funcionando incluso durante muchos más años que los investigados.
La basura debajo de la alfombra sigue siendo basura. Solo cambia de lugar. Y cuando quienes tienen la obligación de barrerla deciden esconderla, el problema deja de ser únicamente la corrupción que se investiga, ya que también pone en evidencia la degradación de las instituciones encargadas de combatirla.
Si después de todo lo ocurrido, investigado y probado la respuesta del Estado vuelve a ser el silencio, el archivo y la demora, entonces el mensaje será devastador: que en la provincia de Buenos Aires la verdad puede quedar sepultada cuando demasiados intereses poderosos coinciden en que nadie ose revelarla.
