ROMA.– Después de casi once años, un tribunal de Roma condenó en ausencia este lunes a tres funcionarios de los aparatos de seguridad egipcios a diez años de prisión por el secuestro de Giulio Regeni, un joven investigador universitario italiano asesinado en El Cairo en 2016.
Considerada histórica porque llegó pese a años de dificultades y obstáculos a la búsqueda de verdad y justicia, la sentencia dejó más que incómodo al gobierno de derecha de Giorgia Meloni que, a raíz de fuertes intereses económicos y de seguridad, mantiene sólidos lazos con el régimen del presidente egipcio Abdelfatah al-Sisi.
“No ha sido condenado Egipto, sino que han sido condenadas tres personas, así que veremos qué pasará en el segundo y tercer grado”, reaccionó el canciller, Antonio Tajani, que recientemente estuvo en misión en ese país. Al minimizar, así, la importancia del fallo, Tajani, que es también vicepremier, provocó polémicas y una nueva tormenta política: la oposición pidió que se presente ante el Parlamento para dar explicaciones.
“De todas las palabras que el viceprimer ministro Tajani podría haber utilizado para comentar la histórica sentencia sobre el asesinato de Giulio Regeni, eligió las peores. Pretende explicar el sistema judicial italiano, pero demuestra haber entendido poco tanto de la justicia como de la verdad”, dijo Giuseppe Provenzano, responsable de Asuntos Exteriores del Partido Democrático, el principal de centroizquierda.
Provenzano recordó que el fallo fue posible pese a los “intentos de encubrimiento del régimen egipcio” y “una búsqueda de la verdad —por la que la fiscalía, el abogado y la familia merecen nuestro agradecimiento— que establece la culpabilidad del régimen, dado que los tres condenados no eran simples transeúntes”.
“Tajani debería recordar que es el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, no el de Egipto”, sumó.
“Un gobierno que piensa evidentemente más en los intereses económicos y en sus propias relaciones internacionales, que en la protección de sus ciudadanos, no está a la altura de nuestro país”, protestó Piero De Luca, del mismo partido.
“El canciller prefiere hacer el ridículo antes que molestar, de cualquier modo, al poderoso faraón de Egipto y a quienes hacen negocios con él”, disparó Nicola Fratoianni, de la Alianza Verdes e Izquierda.
Brutal asesinato
Dramático, el caso de Giulio Regeni se remonta a cuando este joven de 28 años, que estaba haciendo una investigación sobre los sindicatos independientes egipcios en el marco de un doctorado de la Universidad de Oxford, desapareció en El Cairo el 25 de enero de 2016. Su cuerpo fue hallado nueve días después en las afueras de la capital egipcia con signos de tortura extrema, según los investigadores italianos.
La fiscalía de Roma había acusado a cuatro agentes de la Seguridad Nacional egipcia —el general Tariq Sabir, los coroneles Hisham Helmi y Athar Kamel Mohamed Ibrahim y el mayor Magdi Ibrahim Abdelal Sharif— de secuestro agravado en relación con la desaparición de Regeni. Sharif también enfrentaba cargos relacionados con las lesiones y la muerte de Regeni.
El lunes, Helmi, Ibrahim y Sharif -que jamás pudieron ser notificados, por ser inhallables en Egipto-, fueron condenados a 10 años de prisión por cargos relacionados con el secuestro de Regeni, pero no por su muerte. Sabir fue absuelto.
El tribunal llegó a este fallo después de años de idas y venidas, de difíciles investigaciones marcadas por un virtual “muro”: encubrimiento, silencio, la falta de colaboración de las autoridades egipcias e intentos de empantanar el proceso.
Aunque se trata de una sentencia de primer grado, el fiscal Sergio Colaiocco, que había pedido una pena de cárcel perpetua para Sharif, no ocultó su satisfacción. “Es una sentencia histórica: al condenar a tres imputados por el secuestro de Giulio Regeni, la corte ha dejado en claro que lo que le pasó tiene que ver con los aparatos de seguridad egipcios”, dijo. “Hemos demostrado lo que significa vivir en una democracia: responder al horror de la tortura con la fuerza del derecho”, añadió.
El veredicto, que también dejó en claro que “la razón de Estado” no puede convertirse en “razón de impunidad”, dejó mal parado al gobierno de Meloni, sobre todo después de las declaraciones de Tajani. De confirmarse en forma definitiva, Italia no sólo deberá pedirle a Egipto, considerado un gobierno “amigo”, una indemnización por el daño causado a un ciudadano italiano, sino también emitir un mandato de captura internacional para los tres “007″ egipcios condenados.
