En medio de un fuerte malestar por el valor de las tasas que deben afrontar, un grupo de productores rurales de la localidad bonaerense de Pila presentó una demanda contra el municipio. El reclamo apunta especialmente a la tasa por servicios rurales y a la forma en que se calcula: no solo paga más quien tiene una mayor cantidad de hectáreas, sino que también aumenta el valor que se cobra por cada una a medida que crece la superficie. En la categoría más alta, la hectárea cuesta 2,27 veces más lo que vale en la más baja. A eso se suma un adicional del 4% destinado a la lucha contra las plagas, que cuestionan como una “tasa sobre tasa”.
Según señalaron productores de la zona, que pidieronn no ser identificados, el peso del tributo municipal llegó incluso a superar ampliamente al Impuesto Inmobiliario Rural bonaerense. En este contexto, 13 productores presentaron una acción declarativa de certeza ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Dolores. Buscan que la Justicia determine, a partir de las pruebas y pericias que se realicen durante el proceso, si los cobros que cuestionan se ajustan a derecho.
“Las tasas están calculadas totalmente desproporcionadas al servicio que tienen que prestar, servicio que por otro lado no se ve reflejado en los caminos”, dijo a LA NACION Jorge Eduardo Moroni, titular de Moroni & Asociados Abogados y abogado de los productores que impulsaron la demanda.
La tasa está regulada por el artículo 22 de la Ordenanza Tarifaria 2764/25 y se paga en seis cuotas. Para determinar su valor se utiliza una fórmula que contempla el índice de arrendamiento del Mercado Agroganadero (MAG), vinculado con el precio del novillo; los salarios de los empleados municipales; y el precio del gasoil grado 3 en Pila.
La particularidad está en que las cantidades utilizadas en la fórmula cambian según la superficie. El municipio divide a los contribuyentes en cuatro categorías: A, hasta 300 hectáreas; B, de 301 a 1000; C, de 1001 a 3000; y D, más de 3000. Para calcular el valor por hectárea, a uno de la categoría A se le computan 0,965 kilos del índice del novillo, 6,618 módulos salariales y 1,218 litros de gasoil; en la D, esas cantidades suben a 2,192 kilos, 15,039 módulos y 2,768 litros, respectivamente.
Para la quinta cuota de 2026, el valor quedó en $9784,37 por hectárea para la categoría A; $11.267,13 para la B; $14.794,37 para la C; y $22.230,85 para la D.
“Vos ya de por sí pagás por hectárea. Entonces, te lo hicieron progresivo”, explicó a LA NACION una productora que participa del reclamo y pidió mantener su nombre en reserva. “Hoy hacés la cuenta y decís: ‘Estoy pagando un 70% más que Arba, que el Inmobiliario’”, afirmó.
El valor, además, se modifica durante el año a partir de la fórmula prevista por el municipio. Entre la primera y la quinta cuota de 2026, el aumento fue de alrededor del 19,3%. Moroni cuestionó el mecanismo de actualización: “Las fórmulas polinómicas que tienen de actualización de esas tasas son totalmente desproporcionadas. Para que te des una idea, del año pasado a ahora han aumentado el 100%. Y la inflación ha sido del 30%”.
A esto se suma un adicional del 4% sobre la tasa por servicios rurales para la lucha contra las plagas. Los productores lo cuestionan como una “tasa sobre tasa” y sostienen en la demanda que no existe una contraprestación autónoma que justifique el cobro.
Los demandantes también cuestionan la relación entre lo que pagan y el servicio que reciben en los caminos rurales. “Se cobran tasas excesivamente onerosas, en muchos casos con sobrecargos o sobretasas que no tienen nada que ver con este tema de los servicios que se prestan”, sostuvo Moroni.
Mariano Williams, presidente de la Sociedad Rural de Pila, también cuestionó el esquema que establece distintos valores según la superficie. “Para mí es una discriminación de la tasa. Productores somos todos, grandes, chicos, medianos; somos todos productores”, afirmó.
Sobre los caminos, señaló que históricamente estuvieron en buenas condiciones, pero que “desde hace un tiempo se han dejado un poquito de atender; con la tasa más cara de la zona, si la comparamos con los otros partidos vecinos, deberíamos tener casi autopistas”, sostuvo. Además, remarcó que su mantenimiento es clave para quienes viven en el campo, para el acceso a las escuelas y ante una emergencia.
La presentación también alcanza el cobro municipal por las guías para trasladar hacienda, que varía según la cantidad de animales. “Hoy por hoy, como eso se nacionalizó y se está haciendo todo por el DT electrónico ante Senasa, las municipalidades no prestan ningún servicio y te cobran por animal transportado”, dijo Moroni. Los productores sostienen que el costo de la gestión no debería aumentar según se trasladen 10 o 500 animales.
LA NACION consultó al intendente de Pila, Gustavo Sebastián Walker, sobre los cuestionamientos planteados por los productores, pero el jefe comunal prefirió no hacer declaraciones.
El caso de Pila llegó a LA NACION a través de “Tasas Transparentes”, un proyecto de LA NACION Campo y LA NACION Data, en colaboración con Carbap y el Departamento de Agronomia y Ambiente de la Facultad de Ingenieria y Ciencias Exactas de UADE, que releva cómo se encuentran los caminos rurales, cuánto pagan los productores por la tasa vial y cuál es el criterio que utiliza cada municipio bonaerense para calcularla.
