En el proyecto de ley del Presupuesto 2027 hay una partida que administra un monto superior a muchas carteras del Estado. Se trata de la Jurisdicción 91, denominada “Obligaciones a cargo del Tesoro”, una estructura administrativa que queda directamente bajo el control de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Carlos Guberman, que responde al ministro Luis Caputo.
Para el Ejercicio Fiscal del próximo año, la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo le asignó la suma de $14.812.948 millones ($14,8 billones), lo que convierte a esta partida en la tercera de mayor volumen de recursos del Estado nacional, solo por detrás de los servicios de la deuda pública y el Ministerio de Capital Humano (a cargo del gasto previsional, entre otros rubros).
Lo que despierta la atención de especialistas sobre la jurisdicción es el incremento del 162,3% nominal respecto de la ejecución proyectada para 2026. “No es común”, sostuvieron las fuentes consultadas.
Con esta proyección, se supera la expectativa oficial de inflación (18% anual, 21,1% promedio a lo largo de 2027) y la proyección de crecimiento del gasto total de la Administración Nacional.
La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) sostiene que cerca del 48% del total ($6,01 billones) de la jurisdicción se distribuye en asignaciones directas a empresas públicas y organismos descentralizados: $2,51 billones para entes de Salud, $2,07 billones para el área de Transporte y $1,43 billones para Energía.
El economista jefe de Empiria Nicolás Gadano sostuvo que “Hacienda prefiere tener control sobre esas transferencias y su ejecución a lo largo del año, y no cedérselas a los ministerios y secretarías correspondientes”.
El 52% restante de la Jurisdicción 91 queda concentrado en el Programa 99, catalogado como “Otras Asistencias Financieras”. Es un fondo de $7,67 billones, lo que representa una suba nominal del 194% frente a 2026. Es decir, se triplicó en la proyección para el año que viene frente al monto disponible en este año.
“Los créditos del Programa 99 se utilizan para la atención de distintas partidas presupuestarias a lo largo del año. Se asignan a otros programas que lo requieran y en general no tiene ejecución”, explicaron en ASAP ante la consulta de LA NACION.
Por su parte, Gadano consideró: “Hacienda, como es de costumbre pero esta vez con montos muy grandes, se reserva fondos como para hacer un uso discrecional en un contexto de un Presupuesto muy apretado para muchos rubros. Guardan plata para ir entregando a lo largo de la ejecución y eso no es una práctica muy sana”.
“$1,5 billones aparecen presupuestados en ‘Gastos en Personal’ (¡en una jurisdicción sin empleados!), y casi $6 billones en ‘Transferencias al Sector Privado’”, detalló el economista.
“La realidad es que esos fondos no serán gastados en la Jurisdicción 91. Son una reserva presupuestaria, un ‘canuto’, que Hacienda se guarda para la ejecución del Presupuesto”, agrega.
En esa línea, el exjefe de Gabinete de Asesores en Hacienda sostuvo que si la Secretaría decidiera no incluir esos $7,6 billones en el gasto total de la Administración Nacional, el superávit primario estimado para 2027 sumaría 0,5 puntos, y saltaría del 1,3% al 1,8% del PBI.
En el artículo 38 del proyecto, al regular el financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad y las pensiones no contributivas por invalidez laboral, la norma establece que si los créditos de Salud resultan insuficientes, “se atenderá el exceso mediante una compensación presupuestaria, afectando los créditos presupuestarios previstos en la Jurisdicción 91 ‘Obligaciones a Cargo del Tesoro’, Programa 99”.
En la consultora EcoGo, a la pregunta de LA NACION, matizaron: “Es un recurso presupuestario para el manejo de los gastos con cierta holgura, que se ha utilizado ya en el pasado. Otros ponían cifras del Presupuesto subvaluadas”.
“En otros presupuestos ya se hizo, es una tradición usar esa jurisdicción y ese programa para tener flexibilidad. Se ha convertido con los años en algo grande”, planteó Gadano.
De todos modos, aunque se destaca el incremento del 162,3% nominal para la Jurisdicción 91 respecto de la ejecución estimada para 2026, si la comparación se realiza “base a base” entre el presupuesto inicial aprobado de 2026 ($12,4 billones) y el propuesto para 2027 ($14,8 billones), el incremento de la partida es del 19% nominal, en consonancia con la pauta de inflación del 18% anual.
LA NACION se comunicó con fuentes del Ministerio de Economía, pero no obtuvo respuesta al momento de la publicación de esta nota.
