La discusión por una nueva ley de semillas entrará el lunes en una etapa decisiva. Después de tres reuniones de trabajo entre técnicos de la Mesa de Enlace y de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), el Instituto Nacional de Semillas (Inase) convocó a los sectores para que expongan en qué puntos lograron acercar posiciones sobre el uso propio de semillas y cuáles siguen abiertos. Con ese resultado, el Gobierno prevé comenzar a redactar un proyecto de ley que aspira a enviar al Congreso dentro de un mes, según supo LA NACION.
La reunión fue convocada para el próximo lunes, de 14 a 16, en la Secretaría de Agricultura. El propósito de la convocatoria es conocer en detalle los resultados de las conversaciones que los sectores mantuvieron en los últimos meses sobre los límites al uso propio de las semillas (soja y trigo, básicamente, aunque también abarca al algodón y las legumbres, entre otros cultivos).
El Gobierno espera que tanto las entidades rurales como la industria lleguen con una posición clara sobre “los puntos en los que existe consenso”. A partir de lo que presenten, el Inase comenzará a elaborar una propuesta de reforma de la ley de semillas.
La intención oficial es convocarlos nuevamente cuando el texto esté preparado, presentarles el proyecto construido sobre esas pautas acordadas y, luego, remitirlo al Congreso. Según la fuente consultada, “el Gobierno no quiere dejar pasar más de un mes para ese envío”.
En el oficialismo consideran que dieron a las entidades ruralistas y semilleros la oportunidad de trabajar juntos sobre uno de los aspectos que más controversias genera de la reforma. Por eso, según la fuente, esperan que las entidades respalden ante el Congreso los puntos que hayan consensuado en la mesa y que “no busquen deshacer mediante gestiones con legisladores el trabajo realizado a lo largo de estos meses”.
Hasta ahora no hay un acuerdo global anunciado por las partes ruralistas y semilleras ni un borrador de proyecto terminado por parte del Gobierno. La discusión avanzó durante las últimas semanas, aunque el aspecto central sigue sin definición de manera pública.
Lo que debía acordarse en los últimos encuentros era qué productores quedarían exceptuados de pagar por el uso propio de semillas y bajo qué condiciones.
En agosto, las entidades rurales y ASA coincidieron en la necesidad de modernizar la normativa y comunicaron que trabajaban sobre alternativas de uso propio gratuito y oneroso, incluidas posibles excepciones. No habían acordado entonces cómo se aplicarían.
La reunión técnica más reciente mostró un cambio respecto de las primeras propuestas. El planteo original de una excepción general de 500 hectáreas dejó de ser el esquema de trabajo y las partes comenzaron a utilizar los deciles de superficie del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) para ordenar la negociación. Ese avance metodológico todavía no resolvió públicamente cuántas hectáreas por cultivo quedarían comprendidas ni quién accedería finalmente a la gratuidad. Esas definiciones serán centrales en lo que los sectores lleven al Inase el próximo lunes.
Cabe recordar que la reforma de la ley de semillas que busca impulsar el Gobierno podría servir para adecuar la normativa argentina a una eventual adhesión del Acta de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov 91), ya que el país tendría que cumplir los requisitos del Acta para incorporarse. Sin embargo, todavía no está definido si esa adecuación se hará mediante la nueva ley u otro instrumento jurídico: la reforma y la adhesión son, por ahora, procesos distintos.
La eventual adhesión de la Argentina al Acta 1991 de la Upov forma parte del contexto de la reforma, pero, tal como lo ratificaron en su momento las autoridades del organismo, no define por sí sola el esquema local de uso propio. La Argentina ya adhiere al Acta de 1978 de la Upov mientras que la eventual adhesión al Acta de 1991 forma parte del debate actual.
En una reunión anterior convocada por el Inase, representantes de Upov explicaron a los productores y la industria vía Zoom que el acta contempla la posibilidad de que cada país establezca esa excepción en su legislación y determine sus condiciones y límites. La negociación actual busca precisamente acercar posiciones sobre cómo podría plasmarse en una nueva ley argentina.
Una fuente del sector que participa en las conversaciones señaló, en reserva, que no ve sencillo alcanzar un acuerdo integral con la industria semillera. Según explicó, podría haber consensos en algunos puntos necesarios para mejorar el sistema y darle más transparencia, pero persisten diferencias sobre el marco normativo —los productores proponen permanecer en Upov 78— y sobre los contratos. De todos modos, destacó la relevancia de que ambas partes mantengan el diálogo sobre un tema difícil como el uso propio.
