Esta semana Portugal puso en vigencia una ley aprobada en el Parlamento que prohíbe prendas que cubren el rostro y el cuerpo, una norma dirigida a las mujeres islámicas, que usan el burka y el niqab por motivos religiosos.
La iniciativa fue aprobada en agosto gracias al acuerdo entre la principal fuerza de la coalición que gobierna Portugal, el Partido Social Demócrata (PSD), y la derecha, representada por Chega! (¡Basta!, en portugués), cuyas diferencias fueron superadas para avanzar con este delicado tema, en medio del debate por la inmigración musulmana en Europa, provocada por las guerras en Medio Oriente y África.
El presidente António José Seguro promulgó la ley y esta semana entró en vigencia.
La Ley 58/2026 no hace referencia específica al burka ni a la vestimenta religiosa, sino que prohíbe el uso en espacios públicos de prendas destinadas a ocultar o impedir que se vea el rostro, publicó The Portugal News.
La norma aplica a la vía pública, los espacios públicos al aire libre, las instalaciones de servicios públicos y los lugares en los que se prestan servicios de acceso general a los ciudadanos, como eventos, actividades deportivas y manifestaciones.
A su vez, se permite cubrirse el rostro cuando esté justificado por razones de salud o profesionales, así como con fines artísticos, de entretenimiento o publicitarios. Otra de las excepciones es por razones de seguridad o por condiciones meteorológicas. Quedan excluidos de la normativa los aviones, los locales diplomáticos y consulares, los lugares de culto y otros lugares sagrados.
La ley fue negociada durante más de ocho meses y se le realizó varios cambios para reducir las posibilidades de una declaración de inconstitucionalidad. En ese marco, se suprimieron referencias explícitas al Islam y, en lugar de establecer penas de prisión, se fijaron multas de entre 150 y 750 euros por negligencia y de entre 400 y 3000 euros en caso de dolo.
Las fuerzas policiales se encargarán de hacer cumplir la ley y de levantar acta de las presuntas infracciones, mientras que el ayuntamiento correspondiente se encargará de tramitar el expediente y de fijar la multa.
Por otro lado, cualquier persona que obligue a otra a cubrirse el rostro mediante amenazas, violencia, coacción o abuso de autoridad o poder puede enfrentarse a una pena de hasta dos años de prisión y la pena se incrementa en un tercio cuando la víctima es menor de 18 años.
André Ventura, líder de Chega, había celebrado el mes pasado la aprobación parlamentaria y exclamó: “Se acabaron los burkas en Portugal. Quien odie nuestra cultura puede regresar a su país”. La mirada del PSD no compartía el tinte religioso, sino que ponía el acento en razones de seguridad a la hora de identificar a quienes llevan los rostros cubiertos en espacios públicos.
El texto además destaca que que otros países europeos ya avanzaron en la misma dirección y hace énfasis en “los principios de dignidad y respeto hacia las mujeres que deben guiar cualquier Estado de derecho”. En Europa hay nueve países que ya lo prohibieron. En febrero el gobierno español rechazó aprobar la misma prohibición, impulsada por Vox y el PP, alegando que viola la declaración constitucional a favor de la libertad religiosa.
