Con 600 puestos de trabajo en riesgo, cortes de prestaciones en todo el país y una deuda que sigue creciendo y llega hoy a $200.000 millones, el administrador de la obra social de los militares, el coronel retirado Ariel Guzmán, renunció a su cargo, un día después de reunirse con el ministro de Defensa, Carlos Presti.
A raíz de un complejo diseño administrativo fijado por la actual gestión de Presti, Guzmán tenía a su cargo la administración de la liquidación del antiguo Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), mientras avanza –aún en una etapa incipiente– la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). Mientras la nueva estructura –OSFA– recibe los aportes de los afiliados, la antigua Iosfa mantiene una deuda de $213.000 millones con prestadores de todo el país.
En tanto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó hoy una protesta frente a la sede de la obra social, en Paso 551, cuyas puertas amanecieron esta mañana cerradas por temor a un posible intento de toma del edificio. Con su jefe Rodolfo Aguiar a la cabeza, los militantes de ATE tomaron finalmente la sede de la obra social después de violentar la persiana. Tras dos horas de ocupación, los gremialistas definieron levantar la toma y retomar la protesta dentro de seis días, según informó Aguiar a LA NACION.
La asamblea gremial se realizó en un sector del hall de la planta baja del edificio y los delegados pidieron una reunión con las autoridades de la obra social, por lo que el general de brigada Omar Horacio Domínguez, vocal del directorio y vicepresidente de la entidad, bajó en un ascensor con custodia de la policía para dialogar con los representantes de ATE.
Aguiar tiene 55 años y era un sindicalista poco conocido hasta noviembre de 2023, cuando reemplazó a Hugo Godoy al frente de la conducción nacional de la ATE, uno de los dos sindicatos más poderosos del sector público, con representación en todas las provincias y 342.000 afiliados. Aguiar es hoy uno de los rostros más combativos contra la gestión de Javier Milei. Fue hoy denunciado penalmente por “violación de domicilio”, según supo LA NACION.
El gremio denunció un proceso de vaciamiento que pone en riesgo unos 600 puestos de trabajo, mientras los cortes de prestaciones se extienden fuera del área metropolitana, lo que repercute fuertemente en el interior. En el Liceo Aeronáutico Militar de Funes, en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, el personal civil lleva adelante un plan de lucha por los descuentos que les aplican en sus salarios, cuando tienen cortadas las prestaciones de la obra social.
La renuncia del administrador
“La gestión de Presti montó un diseño complejo para superar la crisis. Creó por decreto la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y mantuvo una estructura residual del antiguo Iosfa para hacer frente al pago de la deuda, con el compromiso de que el Ministerio de Economía aportaría los fondos para cancelar el pasivo”, señaló una fuente cercana al organismo.
Según pudo saber LA NACION, Presti citó al coronel Guzmán a una reunión porque no estaba satisfecho con los tiempos en que estaba avanzando la liquidación del Iosfa, lo que el ministro considera un “paso fundamental para abordar la deuda pasada y la actualización del modelo de gestión”.
En una comunicación previa, el coronel Guzmán, como administrador de la estructura residual de Iosfa, le había planteado al ministro su preocupación porque el presidente del Directorio de OSFA, el general de brigada Pablo Guillermo Plaza, pidió que la entidad residual siguiera brindando la atención médica de los afiliados, a través de su red prestacional, más allá de la fecha establecida, cuyo plazo vence el 30 de este mes.
En la conducción de la obra social explicaron que el Iosfa y la OSFA son dos organizaciones diferentes, con persona jurídica distinta y modelos de gestión disímiles. “Hasta ahora no se habían podido implementar algunos cambios que -ahora sí- comenzarán a verse y le llegarán al afiliado”, prometen fuentes con acceso a la gestión de Plaza.
La protesta de ATE, que hace algunas semanas se movilizó al Ministerio de Defensa, reaviva el conflicto. La dirigencia gremial advirtió que la interrupción de las prestaciones lleva tres meses y que hay trabajadores y familias que quedaron sin cobertura.
A ello se suma la preocupación por el posible cierre de las 33 farmacias pertenecientes a la obra social, así como 11 centros médicos que funcionan en Quilmes, Morón, Olivos, Bahía Blanca y Mendoza, entre otras sedes. Además, se analiza la cesión de 18 centros turísticos a las propias Fuerzas Armadas, pero sin que ello implique el traspaso del personal.
