El juez federal Julián Ercolini y su colega Ariel Lijo enviaron exhortos diplomáticos, mediante la Cancillería, a los gobiernos de Gran Bretaña e Israel en las causas en las que la Casa Rosada denunció a empresas de esos países por la explotación petrolera que realizan en cercanías de las Islas Malvinas, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.
La medida judicial de Ercolini fue a pedido del fiscal Eduardo Taiano, que investiga una denuncia inicial del Gobierno contra la empresa Navitas, de Israel.
La medida judicial de Lijo fue a pedido del fiscal Carlos Stornelli, que busca información sobre las firmas Rockhopper Exploration PLC y dos de sus subsidiarias, Rockhopper Exploration (Oil) Limited y Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, además de Navitas Petroleum Development and Production Limited.
Ambas se conocen un día después de que el presidente Javier Milei dijo en la Asamblea General de la ONU que Malvinas es una causa nacional y reiteró las denuncias por la explotación “clandestina” de estas empresas en torno a las Islas.
Estas empresas son las que llevan adelante el proyecto de exploración en la plataforma continental argentina denominado Sea Lion, sin autorización del gobierno argentino, por lo que fueron denunciadas.
En la causa de Ercolini, las primeras medidas fueron impulsadas por el fiscal Ramiro González, pues Taiano estaba de licencia en la semana en que se denunció el caso.
Ercolini hizo lugar a esas primeras medias, que incluyen requerimientos de información a la Secretaría de Energía para constatar formalmente que Navitas Petroleum no posee concesión, permiso de exploración, ni autorización.
A la Cancillería le pidió los antecedentes de protestas diplomáticas formales o las comunicaciones oficiales que el gobierno argentino haya emitido específicamente contra las filiales de Navitas por sus actividades en el área de las islas.
Y a Israel y Gran Bretaña les pidió identificar formalmente a los integrantes del directorio y responsables legales de Navitas Petroleum Development & Production LTD y sus socias comerciales en el proyecto de las islas.
Esto busca fijar las responsabilidades penales individuales ante eventuales solicitudes de declaración indagatoria o imputaciones formales.
El juez quiere establecer el lugar de la explotación, por lo que pidió informes del Servicio de Hidrografía Naval para tener certeza del posicionamiento geográfico para certificar formalmente que las coordenadas de exploración y los yacimientos bajo explotación ilícita se encuentran dentro de las aguas territoriales y la zona económica exclusiva de la República Argentina.
En el caso del juez Lijo, hizo lugar a la totalidad de las medidas que pidió el fiscal Stornelli al impulsar esta investigación cuando amplió la acusación por la explotación petrolera “clandestina” en torno a las Islas Malvinas y sumó como imputadas a estas firmas.
Lijo quiere saber del Reino Unido la composición del grupo Rockhopper; y de Israel, la estructura societaria de Navitas Petroleum Development and Production Limited y sus eventuales vínculos comerciales con las empresas británicas.
La causa había comenzado apuntando solo contra Desire Petroleum Limited por explorar y explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina, cerca de las Islas Malvinas, desde 2012, sin autorización del Estado.
Esa imputación se apoyaba en dos resoluciones de la Secretaría de Energía de hace más de una década: la 130/2012, que había declarado esas actividades “ilegales y clandestinas”, y la 457/2013, que directamente inhabilitó a la empresa por veinte años para operar en el país. Dijo entonces que actuaba usufructuando una licencia de exploración otorgada por autoridades británicas en las islas, sin permiso argentino.
Ahora, el juez, con la ampliación que hizo el fiscal y los datos que le envió Cancillería, estableció que Desire Petroleum seguía figurando, al menos hasta marzo de este año, entre las empresas con participación en licencias hidrocarburíferas británicas, pero con Rockhopper Exploration (Oil) Limited y, sobre todo, con Navitas Petroleum Development and Production Limited, de origen israelí.
Rockhopper Exploration Limited ya había sido sancionada en su momento por la Secretaría de Energía mediante las resoluciones 131/2012 y 476/2013 por participar en actividades de exploración y explotación ilegítimas en la plataforma continental.
El gobierno de las islas publicó en marzo de este año una lista actualizada de licencias de producción en la que Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) figura con una participación del 35% en las licencias PL032 y PL033, y en la propia área de descubrimiento Sea Lion. El 65% restante de esas licencias, otra vez, quedaba en manos de Navitas Petroleum Development and Production Limited como operadora.
Navitas Petroleum Development and Production Limited aparece como operadora tanto en las licencias que comparte con Desire Petroleum como en las que comparte con Rockhopper.
Se trata de la misma empresa que hace 15 días fue objeto de una medida cautelar dictada por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, en una acción de daño ambiental promovida por la Asociación Civil de Abogados, Abogados/as y Profesionales Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, que le ordenó abstenerse de ejecutar el proyecto Sea Lion.
La jueza entendió que la firma no había tramitado nunca la evaluación de impacto ambiental que exige la ley argentina.
Lijo, a pedido de Stornelli, también solicitó a la Secretaría de Energía los expedientes completos de las resoluciones sancionatorias de 2012 y 2013 y toda otra actuación vinculada a las cuatro empresas ahora imputadas.
Además, que la Cancillería envíe el expediente completo detrás del informe de la Secretaría de Malvinas, que la Jefatura de Gabinete de Ministros informe sobre denuncias ambientales previas contra las empresas; que el Ministerio de Seguridad reporte si hay actuaciones de las fuerzas federales vinculadas a estas actividades cerca de Malvinas.
