El ODSA señaló que la mejora registrada hasta 2025 perdió impulso y que las transferencias sociales siguen siendo claves para contener la indigencia.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) analizó los datos de pobreza e indigencia correspondientes al primer semestre de 2026 y advirtió sobre un cambio en la tendencia registrada durante 2025.
Según los datos del INDEC, la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas en los 31 aglomerados urbanos durante el primer semestre de 2026, mientras que la indigencia llegó al 7,5%. En comparación con el segundo semestre de 2025, cuando los registros fueron de 28,2% y 6,3%, respectivamente, se produjeron aumentos de 4,1 y 1,8 puntos porcentuales.
El ODSA-UCA señaló que el dato debe analizarse junto con la evolución trimestral. La pobreza pasó del 26,9% en el tercer trimestre de 2025 al 29,9% en el cuarto, del 30% en el primero de 2026 al 34,6% en el segundo trimestre.
«El dato central no es solo el nivel semestral, sino el cambio de tendencia», planteó el organismo, que consideró que la etapa de fuerte reducción de la pobreza monetaria se agotó durante la segunda mitad de 2025 y fue reemplazada por un período de estancamiento y posterior aumento.
Una mejora que el ODSA considera sobredimensionada
El Observatorio sostuvo que la reducción de la pobreza registrada hasta 2025 fue efectiva, aunque consideró que la medición oficial sobreestimó su magnitud debido a problemas de comparabilidad.
Entre los factores mencionó cambios en la captación de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares, el uso de una Canasta Básica Total basada en ponderadores desactualizados y el desfase entre los ingresos declarados y las canastas utilizadas para evaluarlos.
Según un ejercicio de descomposición del ODSA-UCA, entre 2022 y 2025 la pobreza cayó 10,9 puntos porcentuales de acuerdo con la metodología oficial, pero la reducción sería de 3,1 puntos al incorporar los ajustes metodológicos. En la indigencia, la disminución pasaría de 2,3 a 0,5 puntos.
Empleo, ingresos y costo de vida
El organismo identificó varios factores detrás del cambio de tendencia. Entre ellos, señaló el menor dinamismo de la actividad económica y el deterioro de la calidad del empleo, con destrucción de puestos registrados y mayor presencia de ocupaciones informales y precarias.
También mencionó una pérdida de impulso en los ingresos laborales, la reversión de precios relativos que había favorecido a las canastas básicas y una menor capacidad protectora de las transferencias sociales.
El informe destacó además la mayor presión de tarifas, alquileres y servicios básicos, cuyos aumentos reducen el ingreso disponible de los hogares para afrontar alimentos y otras necesidades.
Un núcleo de pobreza crónica
Más allá de las variaciones coyunturales, el ODSA-UCA señaló la persistencia de un núcleo de pobreza de alrededor del 30% de la población y de pobreza extrema cercana al 7%.
El organismo aclaró que no se trata de un «piso natural», sino de la expresión de déficits acumulados en integración laboral, productividad, educación, hábitat, acceso a servicios y protección social.
En ese sentido, sostuvo que una desaceleración de la inflación puede reducir rápidamente la pobreza monetaria cuando mejora los precios relativos, pero no modifica por sí sola las condiciones estructurales que reproducen la pobreza.
El papel de las transferencias sociales
El informe también resaltó el impacto de las políticas sociales. Según simulaciones del ODSA, si se descontaran del ingreso de los hogares la AUH, otros programas de transferencias y las pensiones no contributivas, la indigencia prácticamente se duplicaría.
En el escenario actual, el organismo estimó que, sin esas transferencias, la indigencia se ubicaría aproximadamente entre 14% y 15%.
El ODSA planteó así un doble desafío: preservar y mejorar la eficacia de las transferencias destinadas a los hogares más vulnerables y, al mismo tiempo, abordar las causas estructurales de la pobreza, entre ellas la informalidad laboral, los bajos salarios, la productividad insuficiente, los déficits educativos y de formación, la precariedad habitacional y el acceso desigual a los servicios básicos
