En una votación secreta que buscaron que pasara por debajo de los radares, los legisladores provinciales aprobaron archivar los expedientes administrativos que se habían abierto tras el estallido del escándalo que protagonizó Julio “Chocolate” Rigau. ¿Conclusión? La Legislatura bonaerense no responderá a la Fiscalía quiénes fueron los legisladores que designaron a los “ñoquis” cuyas tarjetas utilizó el puntero para cobrar sus salarios en cajeros del Banco Provincia.
Con el archivo de los expedientes administrativos, los legisladores buscaron sepultar el requerimiento que la fiscal Betina Lacki presentó en abril de 2025 y que, tras varias dilaciones y evasivas, había llevado al juez de Garantías, Guillermo Federico Atencio, a emitir una orden de presentación -el paso previo a disponer un allanamiento- para exigir la entrega de la documentación.
La respuesta desde la Legislatura fue negativa. Con la firma del secretario legislativo de la Cámara de Diputados provincial, Gerardo Bozzano, indicó que no entregarán los documentos solicitados por la Justicia porque integran un proyecto de resolución general que fue archivado.
La decisión de archivar las actuaciones dentro de la Legislatura bonaerense se aprobó en mayo último, en un trámite exprés y secreto, y solo trascendió anoche, por una revelación del canal TN.
La renuencia de los diputados bonaerenses a colaborar con la Justicia no resulta, sin embargo, novedosa, y también alcanza al Senado provincial, que jamás trató —ni siquiera para su rechazo— el pedido de desafuero de la entonces senadora Flavia Delmonte, acusada de desviar dinero de las arcas públicas a través de “ñoquis” que figuraban como sus asesores.
El escándalo en la Cámara de Diputados provincial comenzó el 13 de septiembre de 2023, cuando “Chocolate” Rigau fue detenido mientras extraía dinero con 48 tarjetas de débito ajenas de un cajero automático de Banco Provincia. Con el correr de las horas, se determinó que trabajaba para el subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense, Claudio Albini, un eslabón clave en el engranaje de poder de la política provincial.
La votación que dispuso el archivo de las actuaciones vinculadas a Rigau, en tanto, fue el 28 de mayo pasado, cuando el jefe del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, propuso “ratificar lo actuado por la mesa ejecutiva” de la Cámara y, en un único procedimiento sobre tablas, sin debate, sin dejar asentado quiénes votaron y con una objeción, resolvieron casi 8000 resoluciones administrativas. Entre ellas, el archivo del material que requería la fiscal Lacki.
“En esa oportunidad, el Honorable Cuerpo resolvió, con el voto favorable de más de los dos tercios de sus miembros presentes, aprobar lo allí actuado, y disponer el archivo de las actuaciones, expresando de ese modo su voluntad institucional sobre la cuestión”, indicó la Legislatura en la respuesta que le envió ahora a la Fiscalía.
Durante aquella sesión ordinaria, la primera del año, representantes de todas las fuerzas políticas se encontraban en el recinto -Unión por la Patria, La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica-, pero solo un diputado provincial se opuso a la maniobra. Fue el legislador del Frente de Izquierda, Cristian Castillo.
Tras el archivo de las actuaciones, la Justicia deberá evaluar cómo responde a la renuncia del Poder Legislativo a colaborar con la investigación criminal sobre “ñoquis” y punteros del Frente Renovador de Sergio Massa, pero que se expande a casi todos los espacios políticos.
En los tribunales, el único de los “ñoquis” de la Legislatura que había aceptado recibir una condena a tres años de prisión en suspenso en un juicio abreviado por su rol en el “caso Chocolate” volvió sobre sus pasos. Se negó a firmar el acuerdo porque la pena venía con una accesoria. También debía aceptar la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos. Y él no descarta volver a ser empleado público, confirmaron fuentes tribunalicias a LA NACION en julio pasado.
El protagonista del retroceso fue Antonio Rodríguez, empleado del Poder Legislativo provincial y pareja de una concejal de La Libertad Avanza (LLA) en Berisso. Había sido el único de los 46 acusados que había aceptado la propuesta de la fiscal Viviana Arturi para, de ese modo, evitar una eventual condena mayor en el juicio oral, pero luego revió su decisión. “El resto de los acusados casi lo mata”, detalló uno de los abogados defensores que participó en el Zoom cuando Rodríguez comunicó que aceptaba la oferta de la fiscal. “La inhabilitación es perpetua, y ahí reculó”.
Todos los acusados se mueven, además, con una certeza. Ninguno de ellos ingresará a prisión. ¿Por qué? Porque Claudio Albini, su hijo Facundo y Julio “Chocolate” Rigau cumplen hoy arresto domiciliario y mantendrían ese régimen aun en caso de ser condenados a una pena de cumplimiento efectivo. Y los empleados de la Legislatura bonaerense que entregaron sus tarjetas de débito a Rigau tampoco conocerán una celda.
Para la fiscal, los Albini y Rigau deben ser condenados por integrar una asociación ilícita destinada a defraudar al Estado bonaerense, en tanto que los empleados solo deben ser castigados por su participación en esa defraudación a las arcas públicas, aunque no por asociación ilícita, figura que sí les había enrostrado la fiscal instructora, Betina Lacki. Sostuvo que la maniobra delictiva no fue un hecho aislado, sino parte de una estructura organizada y sostenida en el tiempo, facilitada por controles administrativos laxos dentro de la Legislatura, que dio otro paso con el archivo secreto de las actuaciones internas.
