La familia de Uriel Ríos, el adolescente de 17 años que murió en Pocito, va a presentar un pedido ante la jueza de Menores para que se declare inconstitucional un artículo de la Ley 754 de San Juan. Esa norma no admite que se constituya querellante en procesos donde intervienen menores, y la familia quiere ese rol para tener más incidencia en la investigación.
Según su abogado, Martín Zuleta, la diferencia es concreta: como víctimas, los padres solo tienen derecho a ser informados de lo que se hace, mientras que como querellantes podrían participar activamente, por ejemplo proponiendo pruebas. Además, el letrado le reprochó a la Legislatura provincial que todavía no haya adaptado la normativa procesal al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, y sostuvo que la familia no debería cargar con esa demora.
Mientras la jueza resuelve, los padres siguen participando como víctimas y ya fueron notificados de las medidas de prueba dispuestas. El abogado aclaró que todavía no tuvo acceso completo al expediente, por lo que evitó opinar sobre el avance de la causa.
