La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y también el de otras 18 personas involucradas en el caso que investiga presuntos desmanejos en el organismo, entre ellos el exfuncionario Daniel Garbellini, el empresario Miguel Ángel Calvete y el médico y exfuncionario Pablo Atchabahian.
Además, ratificó el rumbo de la investigación al rechazar un planteo de la familia Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo, y otras defensas, que buscaba anular la causa por el supuesto origen ilícito o adulterado de los audios atribuidos a Spagnuolo.
La decisión fue tomada por los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, de la Sala II de la Cámara, y consolidó la primera capa de una causa que investiga distintos niveles de responsabilidad en una presunta gran trama de irregularidades.
La hipótesis que sostiene el fiscal Franco Picardi -que ya pidió otros 30 procesamientos- es que un grupo paraestatal logró cooptar la agencia de Discapacidad y manejarla en función de sus intereses. Hubo simulación de competencia entre droguerías, sobreprecios, direccionamiento y eventuales retornos.
Parte de la maniobra se habría llevado a cabo a través de un sistema especial de compra, el Siipfis, diseñado para ser más ágil, y utilizado para insumos médicos muy caros y poco frecuentes. Otra parte de la investigación atañe a la compra de insumos ortopédicos, traumatología, amputaciones, cardio, audífonos y sillas de ruedas.
Con la explosión del caso, el Gobierno echó a Spagnuolo y a Garbellini, intervino la agencia y puso en marcha una auditoría. Entre otros detalles, el trabajo identificó sobreprecios de hasta 4239% y un desfasaje presupuestario de más de 150 mil millones de pesos.
Este lunes, el interventor del Gobierno en la agencia, Alejandro Vilches, presentó su renuncia por “motivos personales”.
Los procesamientos fueron dictados en febrero de este año por el juez Sebastián Casanello, cuando caso todavía estaba a cargo del juzgado federal 11, hoy subrogado por el juez Ariel Lijo.
El caso nació poco más de un año tras la difusión de una serie de audios atribuidos a Spagnuolo en los que hablaba sobre irregularidades en el organismo y mencionaba a la secretaria y hermana del presidente, Karina Milei, y su mano derecha Eduardo “Lule” Memen.
El fiscal Picardi impulsó por etapas una investigación que tuvo intervenciones telefónicas, embargos, allanamientos y el secuestro de más de un millón de dólares en efectivo, entre otras medidas.
Casi 700 mil dólares fueron encontrados en la casa de Ornella Calvete, hija del empresario; y 266 mil, en el auto de Emmanuel Kovalivker, de empresa Suizo, mientras salía de su casa del barrio Nordelta.
La justicia puso la lupa sobre la empresa Suizo al comienzo del caso, pero por el momento avanzó sobre otras líneas de investigación.
Enrique García Medina
Los audios
La estrategia de algunas defensas apunta a sostener que los audios atribuidos a Spagnuolo son la piedra angular que sostiene todo el caso. Buscan declararlos nulos y, así, hacer el caer todo el caso.
Por ahora, la causa avanzó, aunque el juez Lijo ordenó peritar esas grabaciones.
