La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) alertó que el proyecto de ley denominado “De defensa de la soberanía nacional”, que refuerza sanciones vigentes a la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y su entorno, habilita la posibilidad de “interpretaciones ambiguas” con impacto sobre la libertad de expresión. La entidad adelantó que enviará “un análisis jurídico” de la iniciativa a los legisladores y consideró que la norma impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei se puede “corregir y mejorar”.
“ADEPA remitirá a los legisladores un análisis jurídico del proyecto de ‘Ley de Defensa de la Soberanía Nacional’, con especial atención a aquellos aspectos que puedan generar interpretaciones ambiguas con potencial impacto en el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa”, informó la entidad periodística en un comunicado.
La advertencia de ADEPA se funda en el texto del artículo 111 de la iniciativa del oficialismo. Ese punto establece que se penará con entre cinco y 12 años de prisión a quienes, “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente extranjero realizare actividades que procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva” o que “promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes”.
“La protección de la soberanía y de la integridad democrática frente a eventuales injerencias extranjeras constituye un objetivo legítimo. Pero las normas destinadas a ese fin deben ser precisas y claramente delimitadas, de modo que permitan perseguir conductas ilícitas concretas sin alcanzar expresiones legítimamente protegidas. Entendemos en ese sentido que hay espacio para corregir y mejorar el texto propuesto”, sostuvo ADEPA.
Para la entidad periodística, la redacción puede derivar en situaciones de incertidumbre: “El análisis de ADEPA advierte sobre la amplitud de conceptos como ‘desinformación’, ‘manipular la opinión pública’, ‘campaña coordinada’, ‘alterar procesos electorales’ y otros que podrían generar incertidumbre sobre el alcance de la norma y efectos inhibitorios sobre periodistas y medios”.
“ADEPA considera conveniente que cualquier regulación se concentre en conductas objetivamente identificables -como operaciones clandestinas de interferencia, financiamiento encubierto, suplantación, falsificación, coerción o manipulación de infraestructura electoral- y no aspectos subjetivos que podrían ser utilizados para cuestionar o perseguir contenidos u opiniones. Proteger la soberanía y la integridad democrática también implica preservar una prensa libre y un debate público abierto y plural”, concluyó la entidad en su comunicado.
ADEPA nuclea a 180 empresas periodísticas y, hace diez días, en una asamblea realizada en Tucumán constituyó su nuevo Consejo Ejecutivo, encabezado por Daniel Dessein (de La Gaceta).
