La violencia en el norteño estado de Sinaloa, en México, iniciada tras la caída del líder histórico de una de las dos más grandes organizaciones del crimen organizado en el país, ya dejó hasta ahora 61 muertos. Y se extiende poco a poco a otras regiones, especialmente de la frontera con Estados Unidos.
Apenas el viernes fueron hallados 11 cadáveres en el municipio de Ojinaga, estado de Chihuahua, colindante con el país vecino, además de otros 15 fallecidos en Baja California, en la misma región limítrofe y un total de 99 asesinados en distintos estados.
Los expertos consideran que en buena medida esta escalada de violencia se debió a la ruptura de la tregua vigente entre las dos facciones más importantes del Cártel de Sinaloa, después de que el líder histórico de la poderosa banda, Ismael «El Mayo» Zambada, de 78 años, fue entregado a fines de julio a la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).
Joaquín Guzmán López, de 38 años, hijo del hasta hace poco jefe principal de la empresa criminal, Joaquín «El Chapo» Guzmán, 67 años, extraditado al país vecino en enero de 2017 y condenado a 11 cadenas perpetuas dos años y medio después por un tribunal de Nueva York, llevó a Zambada con engaños a un rancho de Sinaloa.
De ahí, lo obligó a subir a un avión con registro y matrícula falsa, el cual los trasladó a un aeropuerto del estado norteamericano de Nuevo México donde lo entregó a la DEA, según la defensa de El Mayo, avalada por la Fiscalía General de la República (FGR), aunque hay otras versiones que sostienen que se entregó voluntariamente.
Roces con Estados Unidos
«El Mayo» compareció esta semana en un tribunal de Nueva York donde se le formuló una acusación formal y se le leyeron los cargos que podrían condenarlo a cadena perpetua.
El caso abonó además a las múltiples fricciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos, luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dejará el poder el próximo 1 de octubre, acusó a Washington de ser el responsable de que se agravara la violencia en Sinaloa y en el país.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, con quien se ha negado a hablar en las últimas semanas López Obrador, afirmó que su país «no es responsable» de este fenómeno y dijo que «la realidad es que el problema se tiene que definir y solucionar».
Soldados de la Guardia Nacional de México patrullan un barrio de Culiacán, en Sinaloa, este jueves. Foto: AP «No se puede entender cómo pueden ser responsabilidad de Estados Unidos las masacres que vemos en diferentes lugares», señaló el diplomático.
Lo cierto es que la situación en Sinaloa es cada vez peor, con actividades escolares, comerciales, fabriles y agrícolas paralizadas y constante zozobra y alarma entre la población, que teme salir a las calles por temor a quedar atrapada en un fuego cruzado, mientras comienzan a escasear los alimentos en algunas localidades rurales.
La propia prensa estadounidense ya había anticipado, tras la detención de El Mayo, un «baño de sangre», al romperse el delicado equilibrio entre los dos grupos principales que se disputan la hegemonía del Cártel de Sinaloa.
David Saucedo, especialista en seguridad, señaló que «en los estados donde está escalando la violencia, están presentes ambas facciones».
iolencia que azota al país desde hace casi 18 años, cuando el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) declaró la guerra contra el crimen con apoyo de las Fuerzas Armadas, y que arroja hasta ahora más de 500.000 muertos y 115.000 desaparecidos, se agudiza cuando está a punto de expirar la gestión de López Obrador. El presidente entregará el mando a Claudia Sheinbaum, de su mismo partido de centroizquierda, Morena, quien se convertirá en la primera mujer a cargo del Ejecutivo del país.
