Entre los acuerdos políticos y la ortodoxia económica, esta semana volvió a imponerse la segunda. La presentación del Presupuesto 2027 dejó al descubierto una contradicción dentro del Gobierno: el texto enviado por el Poder Ejecutivo avanzó en sentido contrario a la negociación que el oficialismo venía sosteniendo con sus aliados en el Congreso para encontrar una salida al conflicto por discapacidad.
Ante el riesgo de otra derrota parlamentaria, Martín Menem buscó contener a propios y aliados y trazó una estrategia junto con Diego Santilli: aprovechar el cortocircuito que provocó el Presupuesto para convencer al equipo económico de aceptar el proyecto alternativo que los diputados libertarios venían negociando con sus socios.
La crisis abrió así una discusión dentro del Gobierno. De un lado quedaron Menem y Santilli, que necesitan reconstruir los acuerdos políticos en el Congreso. Del otro, las posiciones que terminaron reflejadas en el Presupuesto: la defensa del equilibrio fiscal de Luis Caputo y los cambios en el sector impulsados desde el Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.
La discusión tendrá dos escalas la semana próxima. El lunes llegará a la reunión de Gabinete y el martes, a la mesa política. Menem y Santilli buscarán allí que el temblor de esta semana juegue a su favor: que Economía avale las concesiones necesarias para sostener el acuerdo con los aliados y evitar que el tema de la discapacidad vuelva a reunir en el recinto una mayoría adversa al Gobierno.
El principal reclamo tanto de Pro, la UCR y otros bloques provinciales es que se garantice el cumplimiento del artículo 13 de la ley de discapacidad, que establece una compensación para los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 que no quedó cubierto por las posteriores actualizaciones. Los aliados también piden garantías de que las prestaciones para las personas con discapacidad no se verán afectadas.
“Si ustedes no pagan, no vengan a pedirnos a nosotros que nos inmolemos”, lanzó un referente de los bloques amigos.
Pese a las diferencias, coincidieron en seguir trabajando sobre un proyecto “superador”: una salida que permita abandonar el esquema de emergencia, pero que antes atienda los reclamos que dieron origen a la ley vigente.
Poco más de 24 horas después llegó el Presupuesto y dinamitó lo conversado.
Laura Rodríguez Machado, una de las principales referentes libertarias en la negociación del nuevo texto, tuvo que aclarar públicamente durante el debate en comisión que el proyecto de presupuesto sería revisado.
Rodríguez Machado es una exPro aliada a Patricia Bullrich, que también expresó su desconcierto este jueves. “A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el presupuesto con cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos”, dijo en Radio Rivadavia.
Recomponer con los aliados
Pese al cortocircuito, en Diputados decidieron mantener abierta la negociación. El oficialismo aseguró a los bloques aliados que confían en que el equipo económico terminará aceptando las modificaciones que se acuerden en el Congreso.
Los antecedentes pesan. Desde el año pasado, el Gobierno atravesó siete votaciones adversas en el Congreso vinculadas con discapacidad -incluida la insistencia frente a un veto presidencial-, enfrentó decisiones judiciales que lo obligaron a reglamentar la emergencia y quedó alcanzado por una causa por presunta corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
En ese recorrido también fue perdiendo respaldos entre sus aliados parlamentarios.
El último revés ocurrió en diciembre, cuando Diputados rechazó un capítulo completo del Presupuesto 2026 que proponía derogar la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. Es la escena que Menem y Santilli quieren evitar que se repita.
